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COMENTARIOS A LA LEY 518 DEL 4 DE AGOSTO DE 1999, APROBATORIA DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS

María Clara Cabrera Orjuela [*]
Diego Ricardo Galán Barrera [**]

SUMARIO

I. NOTAS INTRODUCTORIAS

II. APROXIMACION AL TEMA

III. LA LEY 518 DEL 4 DE AGOSTO DE 1999
     A. Antecedentes
     B. Estructura
     C. Vigencia

IV. LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, HECHA EN VIENA EL 11 DE ABRIL DE 1980 A. Antecedentes.
     B. Estructura.
     C. Aspectos de particular relevancia.
          1. Ambito de aplicación y disposiciones generales.
               a. Ambito material de aplicación de la Convención.
               b. Internacionalidad de la compraventa.
               c. Noción de establecimiento.
               d. Reservas de aplicación.
               e. Carácter dispositivo.
               f. Materias a las que no se aplica la Convención.
               g. Principios de interpretación de sus normas.
          
2. Formación del contrato.
               a. La oferta.
               b. Revocabilidad de la oferta
               c. La aceptación.
               d. El perfeccionamiento del contrato.
          
3. Obligaciones de las partes.
               a. Obligaciones del vendedor.
                    1) Obligación de entregar las mercancías.
                    2) Obligaciones adicionales.
                    3) Transmitir la propiedad de las mercancías.
                    4) Transmisión del riesgo.
                    5) Entregar los documentos.
               b. Obligaciones del comprador.
                    1) Pagar el precio.
                    2) Examinar las mercaderías.
                    3) Comunicar la evicción.
          4. Incumplimiento del contrato y sus efectos.
               a. El incumplimiento del contrato.
               b. La resolución del contrato
                    1) Concepto.
                    2) Forma de efectuar la resolución del contrato.
                    3) Causales de resolución del contrato.
                         a) Por parte del comprador:
                              (1) Incumplimiento esencial del contrato por parte del vendedor.
                              (2) Falta de entrega dentro del plazo suplementario.
                         b) Por parte del vendedor
                              (1) Incumplirmiento esencial del contrato por parte del comprador.
                              (2) Incumplimiento tardío del comprador.
                              (3) Incumplimiento dentro de un plazo razonable.
                    4) Efectos de la resolución del contrato:
                         a) Liberación a las dos partes de sus obligaciones.
                         b) Restitución de lo suministrado.
                         c) Restitución de las mercaderías.
               c. Indemnización por daños y perjuicios.

V. BIBLIOGRAFIA

VI. ANEXO (Texto de la Ley 518 de 4 de agosto de 1999)


I. NOTAS INTRODUCTORIAS

Luego de varios años de trámite ante el Congreso Nacional, en el mes de agosto de 1999, Colombia dio un paso decisivo para su ingreso al grupo de más de cincuenta naciones que, en estos últimos 20 años, han aprobado la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías.

Este suceso legislativo, cabe reseñarlo, es de notable significación toda vez que la Convención tiene la aptitud de derogar la legislación colombiana, tanto civil como mercantil, en materia de contratos de compraventa (casi 200 artículos) en la medida en que el respectivo contrato de compraventa de mercaderías tenga carácter internacional, lo cual se determina por el hecho de que las partes tengan localizados sus establecimientos en diferentes Estados contratantes [1] y que en él, expresamente, no se haya excluido su aplicación,[2] o por la eventual remisión que hicieren las normas de Derecho Internacional Privado hacia la ley de un Estado contratante.[3]

Lo anterior genera, entonces, la imperiosa necesidad a los magistrados, jueces, abogados, profesores y estudiantes de Derecho, lo mismo que a los operadores colombianos que participan en el tráfico comercial internacional, de (here two words erased) conocer el texto de la Convención, su contenido, características predominantes, notas particulares y, en general, su indiscutible trascendencia jurídica, especialmente en estos momentos en que la globalización de la economía y la apertura de los mercados constituyen el entorno dentro del cual se celebran innumerables contratos de compraventa de mercaderías.

Por ello, consideramos de singular relevancia abordar este examen preliminar, en el que, en primera instancia, realizaremos una presentación somera de la ley aprobatoria del tratado internacional, sus antecedentes y estructura, haciendo una referencia especial a algunos tópicos relacionados con su entrada en vigor.

En segundo término, nos adentraremos en la Convención, remontándonos hasta sus ilustrativos antecedentes y, después de exponer de manera esquemática su estructura, procederemos a resaltar los aspectos más sobresalientes de su texto, en especial aquellos que, ulteriormente,[4] ameritarán ser analizados con mayor detenimiento, tales como su ámbito de aplicación, su carácter internacional y su propósito uniformizador, la formación misma del contrato de compraventa, donde se conjugan las ofertas, las aceptaciones y las contraofertas, el contenido obligacional sinalagmático y las particularidades del incumplimiento contractual y sus efectos.

II. APROXIMACION AL TEMA

Los contratos de compraventa internacional de mercaderías constituyen el eje de las relaciones comerciales entre los diferentes Estados, razón suficiente para que la comunidad internacional, consciente de su necesidad e importancia, a través de organismos científicos especializados, y desde hace más de setenta años, comenzara una aproximación al estudio de un marco jurídico uniforme sobre el particular con fundamento en las tesis y doctrinas de las diversas escuelas jurídicas que han estudiado dicha temática.

De esta forma, con el valiosísimo auspicio de las Naciones Unidas, finalmente, se condujo a buen puerto la añeja y muy juiciosa iniciativa llevada a cabo por UNIDROIT, pudiéndose así contemplar, en la primavera del año de 1980, el alumbramiento de una convención internacional de alto linaje, que se ha constituido en un modelo de regulación consensuada aplicable, en todas las latitudes, a las compraventas internacionales de mercaderías.

Por lo tanto, casi dos decenios después de su gestación, Colombia viene a aprobar este singularísimo instrumento internacional, con la seguridad de que serán notorios los efectos que se producirán, una vez entre en vigor la citada Convención y se haya evaluado la exacta dimensión de tal acontecimiento en nuestra vida jurídica.

Sin temor a resultar reiterativos, no cejamos en advertir sobre la incidencia de la normatividad internacional respecto de la regulación del contrato de compraventa en Colombia, reparando en la vocación derogatoria de la Convención y su tendencia uniformizadora.

III. LA LEY 518 DEL 4 DE AGOSTO DE 1999

A. Antecedentes

El 28 de diciembre de 1995 la Presidencia de la República, luego de impartirle aprobación ejecutiva a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías suscrita en Viena el 11 de abril de 1980, sometió a la consideración del honorable Congreso Nacional el proyecto de ley para aprobarla, de conformidad con el texto certificado por la Secretaría General de las Naciones Unidas, según constancia de la Jefe Encargada de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores expedida el 24 de julio de 1997.

El proyecto de ley [5] se presentó ante el Senado de la República y se radicó con el número 124/97 Senado, dándosele "...el trámite de una ley ordinaria, en virtud de que la Constitución no establece un procedimiento especial para la expedición de leyes aprobatorias de Convenios Internacionales...".[6] Así las cosas, ante la Comisión Segunda del Senado se surtió el primer debate, concediéndosele aprobación el 16 de diciembre de 1997.

Posteriormente, en la sesión del 25 de agosto de 1998,[7] el proyecto se aprobó en la plenaria del Senado. Es necesario tener en cuenta que de conformidad con el numeral 16º del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, al Congreso le corresponde la función de aprobar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional, según lo previsto en el numeral 2º del artículo 189 de la Carta.[8]

Pocos meses después, en la Cámara de Representantes, el proyecto se radicó bajo el número 061/98, siendo aprobado por unanimidad en la Comisión Segunda, el 11 de noviembre de 1998.

Finalmente, el proyecto se aprobó, también por unanimidad, el 15 de junio de 1999, en la plenaria de la Cámara de Representantes.

De esta forma, el 4 de agosto de 1999 fue sancionada la Ley por el Presidente de la República.

B. Estructura

La Ley 518 del 4 de agosto de 1999 consta de tres artículos.

El artículo 1º decreta la aprobación de la Convención.

El artículo 2º señala, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, que la Convención obligará al país a partir de la fecha en que se perfecciona el vínculo internacional respecto del mismo.

El artículo 3º indica que la ley regirá a partir de la fecha de su publicación.

C. Vigencia

Si bien es cierto que la ley aprobatoria fue sancionada en el mes de agosto de 1999, respecto de Colombia la Convención solamente entrará en vigor durante el transcurso del segundo semestre del año 2001.

En efecto, la Ley 518 fue sancionada por el Gobierno Nacional, el 4 de agosto de 1999, y publicada en el Diario Oficial número 43.656 del 5 de agosto de 1999, fecha a partir de la cual comenzó a regir.

De acuerdo con lo ordenado por el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, y según lo prevé la misma ley al final de su texto, el Gobierno Nacional remitió la ley aprobatoria a la Corte Constitucional para que la revisara y decidiera definitivamente sobre su exequibilidad.[9]

La Corte Constitucional se pronunció, respecto de la constitucionalidad de la Convención y de la Ley 518 de 1999, por medio de la sentencia C-529/2000 de la Sala Plena, de fecha 10 de mayo de 2000,[10] declarándolas ambas exequibles.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 99 de la Convención, ésta entrará en vigor, en relación con Colombia, el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de doce meses contados a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de aprobación ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

IV. LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, REALIZADA EN VIENA EL 11 DE ABRIL DE 1980

A. Antecedentes

El punto de partida de la Convención debe buscarse en la gestión del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT),[11] a comienzos de la década de los treinta, cuando congregó un selecto grupo de estudiosos europeos para elaborar un proyecto de Derecho uniforme sobre la compraventa internacional de mercaderías.[12] La labor adelantada, suspendida a raíz de la Segunda Guerra Mundial, vino a dar sus primeros frutos promediando la década de los cincuenta, cuando comenzaron a divulgarse los proyectos de Derecho uniforme en materia de formación de contratos y de compraventa internacional de mercaderías.

Sin embargo, es en el año de 1964, producto de la Conferencia Diplomática de veintiocho Estados [13] celebrada en La Haya, cuando se cristalizan los proyectos iniciados 30 años atrás, al expedirse las Convenciones relativas a una ley uniforme sobre la formación de contratos para la venta internacional de mercaderías y a una ley uniforme sobre la venta internacional de mercaderías. Las convenciones entraron en vigor en el año de 1972, cuando fueron ratificadas por cinco de los Estados suscriptores.[14]

Un par de años después de las convenciones de La Haya, el 17 de diciembre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas fundó la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), más conocida por sus siglas en inglés (UNCITRAL [15]), la cual fue, y sigue siendo, el patrocinador mundial [16] de la Convención.

En efecto, luego de haber sopesado la fallida posibilidad de que los gobiernos adoptasen las convenciones de 1964, UNCITRAL decidió conformar un grupo de trabajo que preparáse un nuevo texto legal. Así, durante nueve años y bajo la dirección del profesor mexicano Jorge Barrera Graf, el grupo de trabajo presentó sendos proyectos de convenciones sobre compraventas y sobre formación de los contratos de compraventa, con base en las convenciones de La Haya, por supuesto.

En junio de 1978, UNCITRAL completó la revisión de los dos proyectos y los fundió en el proyecto de Convención sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías, el cual recibió la aprobación unánime por parte de la Comisión.[17]

La Asamblea General de las Naciones Unidas, convocó, entonces, una conferencia diplomática para estudiar el proyecto de Convención de UNCITRAL. Durante cinco semanas, en la ciudad de Viena, más de sesenta naciones [18] e importantes organizaciones internacionales [19] participaron en el examen del proyecto, el cual, finalmente, luego de aprobación unánime,[20] se convirtió, el 11 de abril de 1980, en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías.

La Convención fue redactada en seis lenguas oficiales [21] y la han aprobado, ratificado o adherido algo más de cincuenta Estados.[22]

B. Estructura

La Convención consta de un preámbulo y 4 partes, algunas subdivididas en capítulos, los cuales a su vez se encuentran en algunos casos subdivididos en secciones, agrupando en su conjunto un total de 101 artículos bajo la siguiente estructura:

Preámbulo

PARTE I. Ambito de aplicación y disposiciones generales.

Capítulo I. Ambito de aplicación.
Artículos 1 a 6

Capítulo II. Disposiciones generales.
Artículos 7 a 13

PARTE II. Formación del contrato.
Artículos 14 a 24

PARTE III. Compraventa de mercaderías.

Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículos 25 a 29.

Capítulo II. Obligaciones del vendedor.
Artículos 30 a 52.

Sección I. Entrega de las mercaderías y de los documentos.
Artículos 31 a 34.

Sección II. Conformidad de las mercaderías y pretensiones de terceros.
Artículos 35 a 44.

Sección III. Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor.
Artículos 45 a 52.

Capítulo III. Obligaciones del comprador.
Artículos 53 a 70.

Sección I. Pago del precio.
Artículos 54 a 59.

Sección II. Recepción.
Artículo 60.

Sección III. Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el comprador.
Artículos 61 a 65.

Capítulo IV. Transmisión del riesgo.
Artículos 66 a 70.

Capítulo V. Disposiciones comunes a las obligaciones del vendedor y del comprador.
Artículos 71 a 88.

Sección I. Incumplimiento previsible y contratos con entregas sucesivas.
Artículos 71 a 73.

Sección II. Indemnización por daños y perjuicios.
Artículos 74 a 77.

Sección III. Intereses.
Artículo 78.

Sección IV. Exoneración.
Artículos 79 y 80.

Sección V. Efectos de la resolución.
Artículos 81 a 84.

Sección VI. Conservación de las mercaderías.
Artículos 85 a 88.

PARTE IV. Disposiciones finales.
Artículos 89 a 101.

C. Aspectos de particular relevancia

1. Ambito de aplicación y disposiciones generales.

a. Ambito material de aplicación de la Convención.

Los contratos de compraventa de mercaderías constituyen el "...ámbito objetivo o material de aplicación..." [23] de la Convención, aunque en ella no se definen los términos compraventa [24] ni mercaderías.[25]

Tal indeterminación permitiría asimilar a compraventa las "…modalidades de contratos internacionales en que se cambia cosas por dinero…",[26] al igual que "…ciertos contratos mixtos, como, por ejemplo, los contratos de arrendamiento y compra (Mietkaufverträge) o de leasing con opción de compra…".[27] Puede apreciarse la amplitud que puede revestir el ámbito material de aplicación de la Convención y el influjo que puede llegar a generar la interpretación por medio de la cual se llegare a equiparar a compraventa toda una gama de negocios jurídicos de índole internacional que, en principio, pudieran no parecerlo.

La Convención prevé, asimismo, que los contratos de suministro de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas se considerarán como contratos de compraventa.[28] Cabrían aquí, con las salvedades que ulteriormente se expondrán, los contratos usualmente denominados como "contratos llave en mano" ("ventes clé en main" o "turn-key contracts"), en los que el vendedor interviene en la prestación de servicios adicionales, ya sea participando en el montaje de equipos para el sector industrial o ya proveyendo asesoría de personal técnicamente calificado en el uso de la cosa objeto de la compraventa.[29]

b. Internacionalidad de las compraventas.

La Convención, en cuanto tratado internacional, delimita su aplicabilidad a los contratos de compraventa siempre que estén vinculados a transacciones de carácter internacional, toda vez que las transacciones internas [30] se encuentran excluidas de su regulación.

Para ello, la Convención decidió adoptar un criterio objetivo al señalar que el carácter internacional [31] de la transacción lo determina, con exclusividad, el hecho de que los establecimientos de las partes, comprador y vendedor, se encuentren localizados en diferentes Estados,[32] sin que la nacionalidad [33] de éstas o la del mismo contrato valga como criterio calificador de tal característica.

Es irrelevante, para los efectos de aplicación de la Convención, que el carácter del contrato, o el carácter de las propias partes, sea civil o comercial.[34]

c. Noción de establecimiento.

A pesar de que la Convención tampoco define el concepto de establecimiento,[35] es dable afirmar, de acuerdo con criterio unánime de la doctrina, que por él se entiende el lugar permanente y habitual donde el contratante desarrolla su actividad negocial,[36] no pudiendo, entonces, alcanzar tal calificación la simple idea de una residencia temporal de un contratante durante el tiempo en el cual se verifique la negociación.

Surge, además, la inquietud, ante la presencia de varios establecimientos, de saber cuál de ellos es aquél en donde el contratante desarrolla su actividad. La Convención resuelve esta situación hipotética de establecimientos múltiples reglando que: "...A los efectos de la presente Convención… si una de las partes tiene más de un establecimiento, su establecimiento será el que guarde la relación más estrecha con el contrato y su cumplimiento, habida cuenta de las circunstancias conocidas o previstas por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración;...".[37]

Los establecimientos de las partes, en todo caso, como ya se expresó, deben estar localizados en Estados distintos, circunstancia de la cual aquéllas deben ser conscientes, ya sea porque ello se derive del contrato, o de los tratos habidos entre ellas, o de cualquier tipo de información que se hayan revelado en cualquier instante previo a la celebración del contrato o incluso en el mismo momento de su celebración.[38]

Finalmente, huelga anotar que para que se aplique la Convención, los Estados en donde se encuentren ubicados los establecimientos de las partes deben ser Estados Contratantes [39] de la Convención o que encontrándose dichos establecimientos en Estados no contratantes, las normas de Derecho Internacional Privado prevean que se aplique la ley de un Estado Contratante.[40]

d. Reservas de aplicación.

El artículo 92 de la Convención prevé que un Estado Contratante pueda reservarse la aplicación de la Convención en su parte II (Formación del Contrato) o en su parte III (Compraventa de Mercaderías), al momento de firmarla, ratificarla, aceptarla, aprobarla o de adherirse a ella. En tal virtud, no se le considerará como Estado Contratante, "…a los efectos del párrafo 1 del artículo 1º de la presente Convención respecto de las materias…" [41] sobre las cuales hizo la correspondiente salvedad.

En el mismo sentido, el artículo 93 de la Convención, dirigido a los Estados Contratantes que participan de las características de los denominados Estados plurilegislativos, es decir aquéllos integrados por "…dos o más unidades territoriales en las que, con arreglo a su constitución, sean aplicables distintos sistemas jurídicos en relación con las materias objeto de la presente Convención…",[42] contempla la facultad para ellos de declarar, al momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión de la Convención, la salvedad de aplicación de la misma a una o varias de sus unidades territoriales. En consecuencia, si el establecimiento de una de las partes se encuentra localizado en una unidad territorial respecto de la cual se ha hecho la salvedad, "…se considerará que, a los efectos de la presente Convención, ese establecimiento, no está en un Estado Contratante…".[43]

Dentro del mismo contexto, el artículo 94 de la Convención permite, en cualquier momento, a los Estados Contratantes que participen de una codificación regional.[44] que regule "…las materias que se rigen por la presente Convención…",[45] declarar que ella "…no se aplicará a los contratos de compraventa ni a su formación cuando las partes tengan sus establecimientos en esos Estados…".[46]

Ahora bien, en relación con el contenido de la letra b) del numeral 1º del artículo 1 de la Convención, en cuanto que ésta se aplicará "…cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un Estado Contratante…", resulta preciso señalar que el artículo 95 [47] de la misma Convención le permite al Estado Contratante que todavía no se ha obligado definitivamente, formular o declarar su reserva al respecto.

Es decir, que hasta el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ante el Secretario General de las Naciones Unidas, el Estado Contratante podrá declarar que no quedará obligado por la disposición referida.

Se ha comentado, por algún sector de la doctrina internacional,[48] que la reserva del artículo 95 "…introduce…un factor de complejidad en la aplicación de la Convención, cuando precisamente sus autores quisieron acometer una tarea simplificadora…",[49] lo cual desdibuja, en alguna medida, su preclara intención facilitadora.

e. Carácter dispositivo.

No obstante su propósito uniformizador, la Convención tiene un definido carácter dispositivo, es decir, que la reglamentación jurídica [50] que ella contiene puede dejar de aplicarse en razón de varios factores:

1) Influjo de la autonomía de la voluntad sobre el régimen convencional.

Aunque resulte paradójico, la misma Convención contempla la posibilidad de su no aplicación, al permitir que los contratantes puedan libremente y con la mayor amplitud expresar su voluntad y decidir que ella no regule, total o parcialmente, sus relaciones derivadas de un determinado contrato de compraventa.

En efecto, el artículo 6 de la Convención prevé que las partes pueden excluir la aplicación total o parcial de la misma, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos, sin perjuicio de lo normado por el artículo 12 referente a la prueba por escrito de los actos en ella regulados.

2) Función normativa reconocida a los usos.

Los dos numerales del artículo 9 de la Convención, reconocen la importancia e incidencia de los usos en las relaciones negociales entre vendedor y comprador, asignándoles una función singular, toda vez que torna en obligatoria su observancia, prevaleciendo [51] sobre las disposiciones de la Convención, ya sea porque se hayan pactado de manera expresa [52] o porque tácitamente [53] debían aplicarse, habida consideración de su presunto conocimiento y de la extensión, uniformidad, regularidad y amplitud de su utilización y empleo, tal como acontece con la denominada "lex mercatoria".[54]

El numeral 1) del artículo 9 también considera obligatoria entre las partes cualquier práctica [55] establecida entre ellas.

f. Materias a las que no se aplica la Convención.

1) Compraventas a consumidores.

Cuando el comprador compra una mercadería para su uso personal, familiar o doméstico,[56] se considera que es un consumidor sujeto de protección de los regímenes especiales sobre el particular y, por lo tanto, al contrato celebrado no se le aplica la Convención.

En efecto, las leyes de protección a los consumidores tienen un grado de imperatividad tan significativo, toda vez que las rige el concepto de orden público, que para la Convención no tenía sentido incluir disposiciones que riñeran o entraran en conflicto con el cometido proteccionista de aquéllas. Así pues, en la UNCITRAL se decidió excluir tales compraventas del texto de la Convención.

Cabe destacar una peculiaridad de la Convención respecto del régimen jurídico aplicable a los contratos de compraventa, por cuanto al mencionar expresamente que no se tiene en cuenta el carácter civil o mercantil de las partes o del contrato,[57] de alguna manera distintiva su texto sí tiene un marcado tono mercantilista, lo cual constituye una seña característica de ella frente a los ordenamientos de los países de tradición neorromanista.[58]

Si bien es cierto que para la época en que se diseñó la Convención las compraventas internacionales de carácter personal, familiar o doméstico no tenían el auge que hoy llegan a tener (ad. ex. ventas a través de la red mundial), debe destacarse el hecho de que ella puede ser aplicable a tales compraventas, en la medida en que el vendedor pueda demostrar que al momento de la celebración del contrato o antes, no sabía o no tenía forma de saber que las mercaderías se compraban para tal uso.[59]

Surge un probema probatorio en el que la carga de la prueba es doble: de una parte, para el comprador, por cuanto debe acreditar que compró la mercadería para su uso personal, familiar o doméstico y, de otra parte, para el vendedor, ya que debe demostrar que no conocía ni pudo conocer el propósito del comprador antes o al celebrar el contrato.

2) Compraventas por razón del procedimiento por el cual se llevan a cabo.

La Convención excluye las compraventas en subastas [60] y las judiciales,[61] fundamentalmente porque son actos en los que la formación del contrato, la negociación misma, presenta connotaciones particulares. En las primeras "…El vendedor no sabrá quien es el comprador…hasta después de que la venta haya sido adjudicada al mejor postor…".[63] En las segundas, hay una manifiesta "…incapacidad de las partes para negociar los términos del contrato…" [63] como consecuencia de la regulación especial a que están sometidas.

3) Compraventas por razón de la naturaleza del objeto del contrato.

La letra d) del artículo 2 de la Convención, expresamente excluye de su aplicación las compraventas "…de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero…", vale decir, instrumentos que exigen el pago de dinero o que incorporan derechos de contenido crediticio. Las versiones inglesa y francesa de la Convención reflejan la complejidad del proceso de uniformidad, puesto que en la primera, la expresión "goods" "…se refiere a a aquellos bienes que son corporales y muebles…",[64] mientras que en la segunda se utiliza el término "marchandises" englobando el concepto de "objets mobiliers corporels" que se empleaba en la misma versión de la Ley Uniforme sobre Compraventa Internacional de 1964.[65]

4) Compraventas de determinados bienes.

Explícitamente, la Convención indica en las letras e) y f) del artículo 2 algunos bienes cuyas compraventas no se les aplica la misma.

Así, las compraventas de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves,[66] sin importar su tonelaje, calado o tamaño, están absolutamente excluidas de la Convención, atendiendo al criterio de que en muchas legislaciones nacionales tales actos jurídicos están regulados por leyes especiales, ya porque se equiparen a inmuebles, ya porque al considerarse muebles se exija un registro especial, etc.

De igual forma, la Convención no se aplica a la compraventa de electricidad,[67] debido a la dificultad que encuentran algunas legislaciones para identificarla como una cosa corporal o incorporal. No obstante, las compraventas de gas no están excluidas, a pesar de que hubo una propuesta para que lo fueran.[68]

5) Los contratos de suministro de mercaderías que han de ser manufacturadas o producidas, en los que la parte que las encarga asume la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción.

6) Los contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte que proporciona las mercaderías consiste en suministrar mano de obra o prestar otros servicios.

7) La responsabilidad del vendedor por la muerte o lesiones corporales causadas a una persona por las mercaderías vendidas.

8) La validez del contrato ni la de ninguna de sus estipulaciones ni la de cualquier uso ni los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías, salvo disposición expresa en contrario de la Convención.

g. Principios de interpretación de sus normas.

El capítulo II de la primera parte de la Convención contempla algunas disposiciones generales, entre las cuales se resaltan los principios de interpretación de sus normas, obedeciendo a un puntual deseo de los redactores de garantizar que la Convención se interpretara de acuerdo con pautas precisas y objetivos específicos.

En tal virtud, tal como lo señala la correspondiente norma de la Convención, para su interpretación "…se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional…",[69] con lo cual dentro de una sana gestión de hermenéutica jurídica [70] se procura una "…interpretación autónoma de los términos empleados por las normas de la Convención de Viena y no una interpretación subordinada al significado que tales términos tengan en los ordenamientos internos de los Estados contratantes…".[71]

No obstante lo normado, y a pesar de criterios contrapuestos,[72] parece posible acudir a las reglas de interpretación contenidas en el Convenio de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, especialmente sus artículos 31 (regla general de interpretación), 32 (regla especial remisoria a los trabajos preparatorios) y 33 (regla especial sobre tratados plurilingues).

El numeral 2) del artículo 7 de la Convención trae una disposición muy necesaria [73] en cuanto hace al cubrimiento e integración de las lagunas de su texto, manifestando que tales cuestiones "…se dirimirán de conformidad con los principios generales…" en los que ella se fundamenta, los cuales han sido desentrañados por la doctrina internacional y por la abundante jurisprudencia de los Estados Contratantes, así como por los numerosos laudos arbitrales internacionales.

El artículo 8 de la Convención trae una serie de disposiciones relativas a las declaraciones y otros actos de las partes, en cuanto que deben interpretarse, prima facie, de conformidad con su intención [74] o, de no ser posible, "…conforme al sentido que les habría dado una persona razonable de la misma condición que la otra parte…".[75]

La disposición del numeral 3) del artículo 8 de la Convención ha generado no pocas controversias de aplicación en el Common Law, toda vez que no ha tenido buen recibo el hecho de que para la determinación de la intención de una parte en un específico acto deba recurrirse a su comportamiento ulterior,[76] que junto a las "…circunstancias pertinentes del caso, en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hubieran establecido entre ellas…y…los usos…" [77] constituyen los medios expresamente previstos por la norma para llevar a cabo tal labor interpretativa.

2. Formación del contrato. [78]

La Convención aborda este tema en la Parte II artículos 14 a 24, regulando lo concerniente a la oferta, la aceptación y al perfeccionamiento del contrato.

a. La oferta.

Esta figura jurídica se encuentra definida en el numeral 1) del artículo 14 de la Convención cuando señala que "...La propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas determinadas constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Una propuesta es suficientemente precisa si indica las mercaderías y, expresa o tácitamente, señala el precio o prevé un medio para determinarlos..."

En virtud de lo dispuesto por este artículo podemos establecer que los elementos de la oferta son los siguientes:

1) La determinación del sujeto o sujetos a los cuales se dirige.

La Convención entiende que todas aquellas propuestas que se realizan por medio de prospectos y catálogos [79] no tienen carácter de oferta ya que no se encuentra dirigida a personas determinadas.

2) La precisión de la oferta.

Para que se cumpla con este requisito es necesario que exista la más completa claridad en relación con las mercaderías, especificando la cantidad y el precio de las mismas de manera expresa o tácita, o determinando un medio para fijarlos. Es posible establecer la identificación de las mercaderías según el objeto del contrato.

3) La intención del oferente de quedar vinculado si existe aceptación.

Los elementos anteriores sirven para fijar una clara posición en relación con el oferente y el destinatario de la oferta; es así como al existir determinación de las personas a las cuales se dirige y siendo precisa la mercancía y el precio, cualquier manifestación del destinatario de la oferta genera obligatoriedad para el oferente.

Este elemento se encuentra vinculado con el tema de la obligatoriedad de la oferta frente al cual se presentaron serias diferencias al momento de redactar la Convención en virtud de las posturas dispares entre el Common Law y el sistema continental romanista.[80] El problema principal de la obligatoriedad de la oferta se presentaba en los casos de la aceptación tardía o la pérdida de dicha aceptación manifestada por la otra parte.

Sobre este punto surgieron varias teorías:

En el Common Law existe la teoría de la expedición (the mailbox rule,[81]) la cual pretende limitar el poder de revocación del oferente, aunque esta concepción no ha sido aceptada en el Derecho americano. El Derecho escandinavo (löfte theorie) establece que el oferente queda vinculado por el solo hecho de realizar la oferta y que si esta es aceptada, tendrá efectos retroactivos.

Según la teoría anglosajona, el contrato queda perfeccionado a partir del momento en que la parte destinataria de la oferta envía su aceptación, por lo tanto, el riesgo de la pérdida o el retraso de la comunicación lo soporta el oferente en la medida en que la aceptación haya sido remitida por un medio aceptado por el oferente.[82]

En el Derecho continental romanista prima la teoría de la recepción, de esta manera, no solo se exige que el aceptante haya enviado su aceptación sino que también tiene que haber sido recibida por el oferente.

La Convención adoptó esta última posición a pesar de que las dos teorías presentadas produjeron serios desacuerdos al interior de la UNCITRAL en cuanto que ambas posturas se aplicarían durante el lapso de la negociación dentro de la cual una de las partes maneja una información que la otra parte ignora, sometiéndose ambos posibles contratantes a irregularidades que escapan de su control.

A pesar de todo, el concepto romanista sobre la recepción de la oferta disminuye los riesgos en la transacción vinculando al oferente y al destinatario de la oferta por igual.

De esta forma, se aprecia como se refleja la teoría romanista en los artículos 15 y 18 numeral 2° y 23 de la Convención:

Artículo 15 : "…1. La oferta surtirá efecto cuando llegue al destinatario...

2. La oferta, aún cuando sea irrevocable, podrá ser retirada si su retiro llega al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta…" (Negrillas fuera de texto).

Artículo 18: "…2) La aceptación de la oferta surtirá efecto en el momento en que la indicación de asentimiento llegue al oferente…"

Artículo 23: "El contrato se perfeccionará en el momento de surtir efecto la aceptación de la oferta conforme a lo dispuesto en la presente Convención." (Negrillas fuera de texto)

b. Revocabilidad de la oferta:

Según el artículo 23 la oferta puede ser revocada con anterioridad al momento en que se perfeccione el contrato, es decir, al momento en que la indicación de la aceptación llega al oferente.

La aceptación y la revocatoria pueden enviarse por medios sujetos a retrasos por lo tanto, puede ocurrir que el oferente no tenga claridad de si su revocatoria llegó antes de que el destinatario enviara la aceptación o ejecutara un acto en torno al contrato, caso en el cual este se entendería perfeccionado según lo establecido en el artículo 18 inciso 3°. Esta observación ha sido controvertida por la UNCITRAL que considera que el principio de la buena fe protege al oferente.

La Convención consagra una serie de excepciones en relación con la irrevocabilidad de la oferta:

El tratamiento de la revocabilidad en Latinoamérica es diferente ya que como podemos observar en el caso de Argentina las ofertas podrán ser retractadas siempre y cuando no hayan sido aceptadas, perfeccionándose dicha aceptación en el momento en que esta se haya remitido al proponente y no desde que el oferente conoce de la aceptación. A su vez, la legislación argentina en el artículo 1156 del Código Civil determina que quien aceptó la oferta sin saber en el tiempo intermedio que la oferta fue revocada, tendrá derecho a indemnización de daños y perjuicios en el caso en que hubiera incurrido en gastos o se le hubieran generado pérdidas.

En Uruguay también se consagra la premisa del perfeccionamiento del contrato desde el momento en que la respuesta del aceptante se remite al oferente.

A su vez, el Código Civil peruano consagra que el contrato queda perfeccionado al momento en que la aceptación es conocida, entendiéndose este momento como aquel en el que llega al destinatario. Igual ocurre en el caso de Venezuela. Otras legislaciones hacen obligatorio el mantenimiento de la oferta durante un plazo determinado.

c. La aceptación

La manifestación de voluntad que perfecciona el contrato es la aceptación, la cual se encuentra consagrada en la Convención en el artículo 18. Dicha aceptación [85] requiere una serie de elementos según lo previsto por la Convención con el fin de que sea entendida como tal.

Dichos elementos son los siguientes:

1) Declaración o acto del destinatario

El contenido de la declaración o acto debe demostrar claramente el asentimiento de la oferta. La expresión de la voluntad debe indicar de manera precisa e inequívoca la aceptación para que se estructure el negocio jurídico, pero la Convención no exige expresamente que esta manifestación de voluntad se plasme por escrito aunque las prácticas y usos del comercio internacional lo recomiendan con el fin de evitar futuros litigios.

Esta concepción de la aceptación es insuficiente ya que se queda corta ante la realidad jurídica, en cuanto la misma aceptación se puede perfeccionar en determinados casos como una contrapropuesta, siendo esta una aceptación que modifica las condiciones establecidas en la oferta inicial.

Siendo así, la Convención establece en su artículo 19 numeral 1) el principio general por medio del cual se considera que "…las adiciones, limitaciones u otras modificaciones de las condiciones establecidas en la oferta importan el rechazo de la oferta o la proposición de un nuevo contrato…"[86]

Para esta regla general se establece la distinción entre la contraoferta y la oferta original, es decir que dicha figura debe tener una serie de modificaciones esenciales que varían por completo los términos de la oferta. Por lo tanto, solamente se tendrán en cuenta las modificaciones que varíen de manera profunda y esencial la naturaleza del contrato original, entendiéndose como aceptación, toda afirmación condicionada que se haga por el destinatario de la oferta.

Sobre este punto se consagra una excepción relativa a no considerar aceptada la oferta aunque existan variaciones que no afectan la esencia de ésta al momento en que el "…oferente comunique inmediatamente al destinatario de la oferta que no acepta las modificaciones introducidas por este último…".[87]

A su vez, el artículo 19 numeral 3) de la Convención busca hacer precisión en torno al concepto de los elementos sustanciales del contrato, entendiendo éstos como el precio, el pago, la calidad y cantidad de las mercaderías, el lugar y la fecha de entrega, el grado de responsabilidad de las partes o la solución de controversias.

De esta forma, cualquier modificación sobre alguno de estos elementos se entenderá como una variación sustancial de las condiciones del contrato siendo por tanto una contraoferta. Para poder aplicar este principio es necesario contextualizar el caso con los usos y prácticas del comercio internacional ya que la modificación puede ser sustancial o insustancial en relación con el objeto del contrato.[88]

2) Cumplimiento del plazo para manifestar la aceptación.

Con el fin de determinar el momento en el cual se perfecciona la relación jurídica en virtud de la aceptación se aplica el principio de la recepción, para el cual es necesario que la manifestación de la aceptación llegue dentro de un período determinado en el evento en que dicho plazo se fije.

En el caso en que no exista un término específico es necesario que la aceptación llegue dentro de un plazo razonable entendiendo dicha razonabilidad inmersa en las circunstancias propias del negocio y teniendo en cuenta los medios de comunicación empleados para transmitir la oferta.

En el caso de la aceptación tardía, la Convención le otorga efectos jurídicos a esta figura cuando el proponente cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 21 los cuales serían:

La aceptación de oferta realizada tardiamente surte efectos a menos que el oferente, sin ningún tipo de retraso, informe verbalmente al destinatario que considera su caducada dicha oferta.

Dentro de este tipo de aceptación tardía debe tenerse en cuenta las causas que generaron dicho retraso, por lo tanto en el caso en que la aceptación llegue tarde al oferente porque esta fue remitida tardíamente se le da el derecho al oferente de entender que la aceptación ha llegado a tiempo, pero para que esta circunstancia tenga lugar, es necesario que el oferente le notifique al aceptante que su respuesta ha sido recibida y es considerada válida.

d. El perfeccionamiento del contrato.

Como se planteó anteriormente, la teoría de la recepción fue finalmente adoptada por la Convención para todos los efectos en caso de revocación,[89] caducidad [90] y aceptación expresa de la oferta.[91] De esta forma, el contrato se perfecciona según lo previsto por la teoría de la recepción, es decir, cuando el oferente efectivamente recibe la aceptación de la oferta.[92]

Solamente existe una excepción a esta teoría que es la relacionada con los actos ejecutorios del contrato. Esta excepción plantea que en virtud de los términos de la oferta o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, el destinatario de la oferta la ha aceptado al momento en que realiza actos ejecutorios del mismo.

3. Obligaciones de las partes.

a. Obligaciones del vendedor.

Las principales obligaciones del vendedor se encuentran consagradas en el Capítulo II de la Parte III de la Convención, en los artículos 30 a 44.

Según lo previsto en el artículo 30 de la Convención, la principales obligaciones del vendedor son entregar las mercancías, transmitir su propiedad y entregar los documentos.

1) Obligación de entregar las mercancías.

Esta obligación hace referencia a poner a disposición del porteador o comprador el objeto del contrato. La entrega consiste en poner la mercancía a disposición de la persona autorizada para recibirla.

La Convención consagra el principio de la entrega [93] como un acto bilateral donde dicha obligación se cumple a cabalidad al poner la mercancía a disposición del comprador en las condiciones previstas en el contrato.

La Convención entiende por entrega "….una tradición manual que puede ser real o simbólica...".[95] Esta definición se encuentra consagrada en su artículo 31.

Para que dicha entrega surta efectos es necesario que se realice dentro de ciertas circunstancias de lugar y tiempo, así:

a) Circunstancias de lugar:

El artículo 31 letra c) determina la regla general para las entregas: "…en los demás casos, en poner las mercaderías a disposición del comprador en el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento en el momento de la celebración del contrato…".

La obligación de entrega se cumple según lo previsto en este artículo salvo que el contrato señale otro lugar para dicha entrega, acorde con el principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 6 de la Convención.

Para los casos particulares de entrega, la Convención establece:

b) Circunstancias de tiempo:

La obligación de entrega de la mercancía se puede producir en los siguientes tiempos:

La consagración del concepto de plazo razonable, concepto de carácter subjetivo, le otorga a las partes una herramienta flexible para el cumplimiento de sus obligaciones haciendo posible que se produzcan plazos de entrega breves y rigurosos en relación con ciertas mercaderías como lo serían los productos perecederos o las materias primas, y estableciendo plazos mucho más amplios para los productos manufacturados.[98]

2) Obligaciones adicionales.

El artículo 32 de la Convención consagra unas obligaciones adicionales en la entrega, las cuales son:

a) Especificación de mercaderías por parte del vendedor.

b) Envío de aviso de expedición al comprador.

c) Realización de los contratos de transporte necesarios cuando la mercancía deba ser trasladada, poniéndolas en manos del porteador.

d) Entrega de documentos.[99]

e) Contratar un seguro de transporte, si a ello estuviere obligado, o, para efectos de la contratación de ese seguro por parte del comprador, proporcionar toda la información de que disponga.

El cumplimiento de las obligaciones adicionales que se desprenden de la entrega deberá realizarse en el momento de entrega de la mercancía y en el lugar previsto para ello según el contrato. En el caso de entrega anticipada de documentos el vendedor puede subsanar las incorfomidades que se presenten en dichos documentos hasta que se produzca la entrega de la cosa siempre y cuando esta conducta no genere inconvenientes para el comprador.

3) Transmitir la propiedad de las mercancías.

Como técnica jurídica en la organización del texto se puede apreciar cómo la Convención trata en forma separada la transmisión del riesgo, figura jurídica que está profundamente ligada a la entrega en cuanto que, en la mayoría de los casos, es en ese momento cuando se evidencian las inconformidades en la mercancía entregada y la pactada, de la transmisión de la propiedad de las mercancías.

a) Conformidad material y conformidad jurídica

El artículo 35 de la Convención establece la obligación del vendedor de entregar la mercancía de conformidad [100] con la calidad y cantidad pactada en el contrato y que, de igual manera, el transporte de la misma se haga en la forma especificada.

La conformidad a que se refiere el citado artículo no es exclusivamente material sino que también tiene que haber una conformidad jurídica.

(1) Conformidad material.[101]

Esta es la más evidente de todas en cuanto que se vincula con el estado físico y real de la cosa. En este punto es necesario diferenciar dos tipos de incumplimiento en la entrega de la mercancía:

(a) Defectos en la entrega: en este caso se puede tratar de una entrega parcial.[102]

(b) Vicios de la cosa entregada: este es el caso de los vicios ocultos a los que se refiere de forma concreta el artículo 35 de la Convención.

El mencionado artículo enumera los casos en los que se entiende que se ha cumplido con la conformidad de la mercancía, siendo estos la entrega material de mercancías que sean coherentes con los usos de productos de características similares; cuando sirvan para desarrollar usos especialmente pactados con el comprador; cuando coincidan con las características de la muestra ofrecida y cuando se empaquen de la manera usual para este tipo de mercancías.

En los esquemas jurídicos latinoamericanos se prevé el saneamiento de los vicios de la cosa cuando estos impidan la utilización del objeto según la función natural que debe tener; es así como el Código de Comercio de Venezuela permite que el comprador resuelva el contrato si los daños en la cosa durante el transporte hacen que la cosa sea inútil para el uso al que estaba destinada.[103]

De igual forma, nuestra legislación y la legislación chilena consagran el principio del vicio redhibitorio el cual se estructura a partir de la incapacidad de la cosa para prestar el uso natural [104] para el que fue concebida.

A su vez, podemos observar como en las legislaciones latinoamericanas el vendedor se libera de la obligación de conformidad material cuando hace entrega de una cosa con calidad mediana (Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú).

(2) Conformidad Jurídica.

En lo relacionado con la transmisión de la propiedad, la Convención considera que la transferencia de dominio no es un elemento propio de la compraventa sino uno de sus efectos, entendiéndola por tanto como un deber del vendedor.[105]

Según lo previsto en el artículo 30 de la Convención, el vendedor se encuentra obligado a transmitir la propiedad de la cosa y se produce, por lo tanto, un incumplimiento en la citada conformidad en el evento en que la mercancía entregada se encuentre subordinada al ejercicio de derechos por parte de terceros, a menos que medie autorización y voluntad del comprador para aceptarla afectada por dichos derechos.

El saneamiento de la evicción se constituye como una obligación del vendedor. Esta obligación tambien se encuentra consagrada en los ordenamientos latinoamericanos de forma unánime, pero se resalta que es una obligación compartida con el comprador el cual tiene el deber de notificar dicha evicción.

En este punto la Convención en el numeral 1) de su artículo 42 establece un hito novedoso relacionado con los derechos de autor y copyright, en cuanto que el vendedor se compromete a entregar las mercancías libres de todo derecho o pretensión de terceros relacionados con los temas anteriormente mencionados.

Esta regulación unificada por parte de la Convención ha sido un acierto en materia de protección de los derechos derivados de la propiedad industrial en cuanto que al ser un asunto de tratamiento internacional,[106] afectaba por igual a todos los paises, pero por la diversidad de legislaciones el control y la aplicación de los derechos se hacía complejo.

La Convención consagra una excepción de responsabilidad ante este tipo de conformidad en el evento en que el comprador conozca o tuviera la capacidad de conocer la existencia de la pretensión de un tercero sobre el objeto del contrato, o si el vendedor y el comprador hubieran ajustado dentro de los términos del contrato el derecho del tercero. En estos dos casos se aplica la excepción consagrada en el artículo 42 numeral 2) de la Convención.

La obligación de transmitir la propiedad se encuentra consagrada en la mayoria de los ordenamientos latinoamericanos, estructurandose como una obligación esencial de la compraventa.

4) Transmisión del riesgo.

Los artículos 66 a 70 de la Convención se ocupan de la transmisión del riesgo [107] del vendedor al comprador.

De esta forma el articulado prevé que en el caso en que las mercaderías se deterioren o se pierdan una vez transmitido el riesgo por el vendedor, este hecho no libera al comprador de su obligación de pagar el precio a menos que la pérdida o deterioro mencionado se deba a un acto o a una omisión del vendedor.[108]

De igual forma, si el contrato involucra el transporte de las mercaderías y no existe obligación expresa del vendedor de entregar dichas mercaderías en un lugar específico, se entiende que el vendedor cumplió con la obligación de entrega en el momento en que pone en poder del primer porteador los bienes objeto de la compraventa.[109]

En el evento en que el vendedor se encuentre obligado a entregar las mercaderías a un porteador determinado en un lugar predefinido, el riesgo no se transmitirá sino hasta el momento en el cual se entreguen las mercancias al porteador señalado en el contrato y en el lugar específico que las partes acordaron.

Aún así, la transmisión del riesgo al comprador unicamente tendrá lugar cuando las mercaderías se encuentren claramente identificadas según lo previsto en el contrato, es decir, especificadas por medio de señales en ellas, identificadas en los documentos de expedición o en la comunicación enviada al comprador o por cualquier otro medio.[110]

En el caso de las mercaderías en tránsito, el riesgo se encuentra radicado en cabeza del comprador desde el momento de la celebración del contrato, pero puede establecerse de las circunstancias que el riesgo será asumido por el comprador desde el momento en que las mercaderías hayan sido puestas en poder del porteador que haya expedido los documentos que acreditan el transporte.[111]

Es importante tener en cuenta que si al momento de la celebración del contrato, el vendedor conoce o ha debido conocer que las mercaderías habían sufrido pérdida o deterioro y ocultó esa información al comprador, el riesgo de dicha pérdida o deterioro será asumido por el vendedor.

Casos adicionales de transmisión del riesgo al comprador:

a) Cuando el comprador se haga cargo de las mercaderías o desde el momento en que se pongan dichas mercaderías a su disposición a pesar de que el comprador rechace la recepción de las mismas.

b) Cuando se establece un lugar específico de entrega de mercaderías distinto al establecimiento del vendedor, el riesgo se transmitirá cuando se efectúe la entrega y el comprador tenga conocimiento que las mercaderías están a su disposición en el lugar determinado.

c) En el caso de mercaderías sin identificar solamente se entenderá que dichas mercancías se pusieron a disposición del comprador en el momento en que dichos bienes se encuentren claramente especificados.

Las normas sobre transmisión del riesgo no afectan los parámetros establecidos en el incumplimiento del contrato.

5) Entregar los documentos.

La obligación de entrega de documentos se encuentra establecida en los artículos 30 y 34 de la Convención, correspondiendo a una obligación adicional de carácter especial del vendedor en cuanto que debe hacerse entrega de los documentos cuando estos acompañen las mercaderías.

Es necesario resaltar que la Convención no es clara sobre los tipos de documentos que deben ser entregados por el vendedor, solamente se menciona que estos deben entregarse en el lugar y en el tiempo que se determina para la entrega de las mercancías objeto del contrato.

Aún así, a pesar de que la Convención no determina de manera expresa los tipos de documentos, es posible deducir que se refiere a las cartas de porte o conocimientos de embarque (B/L), documentos que deben encontrarse en poder del comprador para que éste pueda ejercer los derechos que le corresponden en relación con las mercancías transportadas. En este punto es necesario tener en cuenta los documentos que, a pesar de no entrañar de forma directa la esencia del contrato y de la tradición, son requeridos para que el comprador pueda ejercer sus derechos como es el caso de los manuales de funcionamiento de equipos o de instrucciones de instalación.

La obligación de entrega de documentos tiene un carácter accesorio y por lo tanto sigue la suerte de la obligación principal, pero en el evento en que dicha entrega sea un requisito para que el comprador pueda ejercer sus derechos, el incumplimiento de esta obligación puede llevar a la resolución del contrato como si fuera una obligación principal según lo previsto en el artículo 25 de la Convención.

También es necesario tener en cuenta que en el evento en que el incumplimiento en la obligación de la entrega de los documentos lleve a que el comprador no pueda usar apropiadamente la mercadería, se entenderá que la entrega no se ajusta al contrato y sería aplicable el artículo 35 de la Convención relativo a la conformidad de la mercancía.[112]

Los estatutos jurídicos latinoamericanos entienden la entrega de documentos como una obligación accesoria, pero también consideran la entrega del título como una forma simbólica de tradición.

La obligación de entrega de documentos reviste gran importancia ya que dota de mayor seguridad el intercambio mercantil, tal como se regula en el Código Suizo.[113]

b. Obligaciones del comprador.

1) Pagar el precio.

Esta obligación se encuentra consagrada en el artículo 53 de la Convención, determinando que el comprador está obligado a pagar el precio en el lugar y en el tiempo estipulado. Es evidente que el precio debe estar definido para poder cumplir con esta obligación pero se presentan casos en que el precio no se encuentra claramente establecido.

En este punto la Convención tuvo que conciliar dos posiciones contradictorias en cuanto que en múltiples ordenamientos jurídicos, como el caso de los países socialistas o los de tradición jurídico neorromanista es necesario la certeza en el precio para que exista contrato.[114] En el ordenamiento jurídico de la extracción del Common Law [115] la indeterminación del precio no afecta la validez del contrato.

Por lo tanto, la Convención admite la validez de los esquemas de contrato con precio indeterminado pero a su vez establece un sistema para determinar dicho precio.[116] Es importante tener en cuenta que la Convención no debe aplicarse en los esquemas donde la ausencia de precio lleva a la invalidez del contrato.

El artículo 14 de la Convención establece que para que pueda haber una propuesta comercial es necesario que exista un precio determinado o determinable, por lo que en el cuerpo mismo de la Convención pareciera encontrarse una aparente contradicción en relación con el precio dentro de los negocios comerciales, la cual no obstante queda resuelta con el texto del artículo 55.[117]

El planteamiento del artículo 55 de la Convención sobre la determinación del precio según las leyes de mercado al momento de hacer el negocio, es acorde con la posición de algunas legislaciones latinoamericanas, en las cuales se establece que en caso de no haber definido el precio se presume que se ha pactado un precio corriente al día y lugar de celebración del contrato [118] o el día y lugar de entrega de la cosa vendida. En Brasil y Venezuela se exige que el precio sea determinado por un tercero.[119]

El pago del precio según la Convención, involucra cumplir tambien con las obligaciones fijadas por las leyes y los reglamentos para poder hacer efectivo dicho pago.[120] De esta manera, el comprador es responsable de los trámites necesarios para que el precio pueda llegar al vendedor; igualmente debe correr con los gastos del mismo y por esta razón se hace obligatorio que el comprador cumpla inexcusablemente con las normas del país del vendedor y con las correspondientes obligaciones tributarias.[121]

Es importante resaltar que, en relación con el tema del pago en especie la Convención guarda silencio, lo cual conduce a la aplicación del Derecho interno sobre el particular.

El pago del precio también debe circunscribirse a condiciones de lugar y tiempo, así:

a) Circunstancias de lugar.

La Convención establece que el lugar del pago será el establecimiento del vendedor en el caso en que no medie estipulación en contrario o en el lugar donde se entregue la mercancía en el caso en que dicha compraventa sea contra entrega de las mercaderías o de documentos. Esta materia se encuentra regulada en el artículo 57 de la Convención, artículo que presenta problemas en su aplicación en cuanto que en algunos países el lugar del pago determina la competencia judicial en caso de litigio.

b) Circunstancias de tiempo:

El tiempo en el cual se debe realizar el pago se encuentra consagrado en los artículos 58 y 59 los cuales prevén que el pago debe hacerse cuando el vendedor ponga la cosa o los documentos representativos a disposición del comprador sin que medie requerimiento de ninguna clase por parte del vendedor.

De igual forma, la Convención consagra el derecho del comprador de examinar las mercancías con anterioridad al pago del precio con el fin de dar coherencia al principio de la conformidad material que debe existir para que el negocio se perfeccione.

Es importante tener en cuenta que los ordenamientos latinoamericanos prevén dos puntos relativos al precio que no se encuentran contemplados por la Convención, los cuales son:

Por lo tanto, estos puntos pueden ser tratados de forma expresa dentro del contrato en vista del silencio que guarda la Convención sobre dichos tópicos.

2) Examinar las mercaderías.

Esta obligación se encuentra consagrada en el inciso 1 del artículo 38 de la Convención en el cual se impone la obligación al comprador de examinar, o hacer examinar por un tercero, la mercancía en el plazo más corto posible en relación con las circunstancias.

En el caso que durante el examen de las mercaderías se descubra una inconformidad, el comprador deberá anunciársela al vendedor en el menor tiempo posible a partir del descubrimiento de la misma. (artículo 39 inciso 1)

Esta obligación, al igual que la comunicación de la evicción es de carácter accesorio.

3) Comunicar la evicción.

Es obligación del comprador notificar al vendedor la existencia de derechos o pretensiones sobre terceros sobre las mercaderías en un plazo razonable.

En el evento en que el comprador no adelante esta acción, puede perder los derechos otorgados en el artículo 41 y 42 de la Convención relacionados con la responsabilidad del vendedor sobre la evicción y en especial la protección de los derechos de propiedad industrial.

El comprador esta exento de esta obligación en el caso en que el vendedor hubiese conocido el derecho o la pretensión del tercero.[122]

4. Incumplimiento del contrato y sus efectos.

El tema del incumplimiento del contrato y sus efectos y las sanciones por la inejecución son tratados por los artículos 45 a 52, 61 a 65 y 71 a 88 de la Convención.

a. El incumplimiento del contrato.

Es importante tener en cuenta que el propósito de la Convención es el de propender por el mantenimiento, vigencia y continuidad del contrato y solo en caso excepcional [123] ocuparse de la resolución de los contratos.

Sin embargo, como no siempre es posible la preservación contractual, resultaba indispensable regular los supuestos de incumplimiento, respecto de lo cual la Convención introdujo el vigoroso concepto del incumplimiento esencial del contrato, derivado de la noción conocida como "fundamental breach of contract" [124] del Common Law que, básicamente, clasifica el incumplimiento del contrato de acuerdo con el grado de eficacia que puede representar respecto de la continuidad y vigencia del mismo.

En otras palabras, un incumplimiento será esencial en la medida en que su incidencia sobre las expectativas del contratante cumplido sea de tal naturaleza que las frustre de manera definitiva siendo imposible intentar, por cualquier medio, subsanar la deficiencia sobreviniente. Desde otra perspectiva, un incumplimiento no será esencial si existe alguna alternativa que permita la supervivencia del contrato, esto es que el acreedor le permita al deudor que da señales de incumplimiento desarrollar a cabalidad el contrato, pues considera que la conducta de éste no es tan seria, ni grave ni sustancial como para no satisfacer sus esperanzas.[125]

b. La resolución del contrato

1) Concepto.

La resolución se entiende como la terminación del acto jurídico por voluntad de una de las partes. La Convención contempla los supuestos en los que es posible declarar la resolución del contrato de manera somera y taxativa.

La noción de resolución, tal como está consagrada en la Convención, podría decirse que es muy amplia y muy genérica en relación con lo que el concepto quiere significar en los distintos ordenamientos, puesto que ella no es una concepción armónica en todos ellos. Así, en el Derecho Francés se conoce la "condition résolutoire" [126] en los "contrats synallagmatiques", en el Derecho Español la "condición resolutoria",[127] la "resolución de la venta" [128] y la "rescisión de los contratos",[129] en el Derecho Italiano la "risoluzione del contratto",[130] la "clausola risolutiva espressa",[131] la "risoluzione del contratto della vendita"[132] y en el Common Law la "rescission",[133] "termination of a contract"[134], "discharge by breach" [135] y "avoidance of contract".[136]

2) Forma de efectuar la resolución del contrato.

De conformidad con el artículo 26 de la Convención, la resolución del contrato se efectúa "...mediante una declaración que se comunica a la otra parte...",[137] no siendo necesario acudir a un juez o a tribunal alguno para que realice tal declaración, tal como lo prevén algunos ordenamientos.[138] Se aprecia un criterio ágil y pragmático, que se acompasa con las necesidades del comercio de mercaderías, en la medida en que se deja a las partes, dentro de su capacidad y autonomía, la posibilidad de enmendar sus problemas, dando así desarrollo al planteamiento consagrado en la Convención que recoge ese clarísimo propósito de promover, en defecto de la continuidad del contrato, las soluciones que las propias partes consideren, sin intervención de terceras personas y de procedimientos formalistas que no contribuyen a la resolución expedita y satisfactoria de las controversias.[139]

Desde otra perspectiva, siguiendo para el efecto a los tratadistas argentinos GARRO & ZUPPI, "...esta notificación de la resolución permite al destinatario de dicha notificación tomar las precauciones necesarias una vez que se entera de que la otra parte ha decidido resolver el contrato. La recepción de la notificación podrá evitar o disminuir los gastos que implica continuar con la ejecución del contrato, posibilitándose también que el destinatario de la notificación pueda disponer de las mercaderías en la forma que lo crea más conveniente...".[140]

Si bien la Convención no exige una formalidad particular o exclusiva para llevar a cabo la notificación de la resolución del contrato, vale decir, que se consagra libertad de formas para ejecutar este acto, resulta pertinente afirmar que es conveniente que el comprador la efectúe de manera tal que pueda probar que la ha realizado fehacientemente.[141]

3) Causales de resolución del contrato.

a) Por parte del comprador:

Las siguientes son las causales de resolución del contrato por parte del comprador que se encuentran consagradas en la Convención en el artículo 49 numeral 1º, así:

(1) Incumplimiento esencial del contrato por parte del vendedor.

En relación con este punto, el artículo 25 de la Convención dispone de manera concluyente que el incumplimiento del contrato se considera esencial, cuando la parte incumplida cause a la otra "...un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato...".

Ahora bien, el incumplimiento del vendedor se refiere a sus obligaciones esenciales, contenidas en el artículo 30 de la Convención, a saber: entregar las mercaderías, en el lugar (artículo 31) y tiempo (artículo 33) determinados, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con las mercaderías (artículo 34).

(2) Falta de entrega dentro del plazo suplementario.

El artículo 47 numeral 1º prevé la posibilidad de que el comprador pueda señalar un plazo suplementario para que el vendedor que ha dado muestras de estar incumpliendo, satisfaga sus obligaciones derivadas del contrato. No obstante, debe entenderse, en armonía con lo dispuesto por el artículo 49 numeral 1º letra b) de la Convención, que las obligaciones del vendedor se refieren en concreto, a la falta de entrega de las mercaderías.[142]

Este plazo previsto en la norma precitada debe ser de "duración razonable", tal como lo contempla expresamente ella misma. Sostiene Honnold sobre el particular: "...La Convención usa una terminología flexible; diferentes períodos de tiempo pueden ser razonables. Dentro de este margen se da la elección al comprador, la parte inocente que tiene que hacer frente a un incumplimiento por el vendedor. En efecto, debe respetarse la discreción del comprador al fijar un plazo de duración "razonable" si el procedimiento de notificación-resolución sirve a este propósito: reducir incertidumbre en cuanto al derecho de resolver el contrato...".[143]

Con todo, el comprador que ha concedido el mencionado plazo suplementario deberá abstenerse de ejercitar acción alguna por incumplimiento del contrato, sin que ello perjudique, no obstante, su derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios por la demora en el cumplimiento por parte del vendedor, según la indica el artículo 47.2 de la Convención. Este plazo suplementario será inocuo si el comprador recibiere una comunicación por parte del vendedor en el sentido de que, de todas maneras, no cumplirá con sus obligaciones dentro de ese plazo, dejando, entonces, abierta la vía para que el comprador declare la resolución del contrato.

b) Por parte del vendedor

Las siguientes son las causales de resolución del contrato por parte del vendedor:

(1) Incumplimiento esencial del contrato por parte del comprador.

(2) Incumplimiento tardío del comprador.

(3) Incumplimiento dentro de un plazo razonable.

El incumplimiento distinto del incumplimiento tardío dentro de un plazo razonable se presenta en los siguientes casos:

(a) Despúes de que el vendedor haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del incumplimiento, o

(b) Despúes del vencimiento del plazo suplementario fijado por el vendedor o despúes de que el comprador haya declarado que no cumplirá sus obligaciones dentro del plazo suplementario.

La Convención prevé, en caso de que se presente el incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte del comprador, que el vendedor cuente con las siguientes acciones:

Esta opción solamente podrá ser aplicable en la medida en que el vendedor no haya ejercido otra opción que haga imposible el cumplimiento de las citadas obligaciones.

Es importante resaltar que el vendedor conserva en todo momento el derecho a exigir indemnización de daños y perjuicios por mora en el cumplimiento del contrato aún durante el plazo adicional que haya concedido al comprador.

De igual forma, el vendedor podrá exigir la indemnización de perjuicios en el evento en que el incumplimiento se encuentre relacionado con la obligación contraída por el comprador relacionada con la especificación de mercaderías tales como la forma, las dimensiones u otras características de las mismas.[144]

(2) Que el comprador no reciba las mercaderías, es decir, que el comprador no adelante todos los actos que razonablemente sean esperados por el vendedor para que este último pueda efectuar la entrega o que el comprador no se haga cargo de las mercaderías.

4) Efectos de la resolución del contrato:

Los siguientes son los efectos previstos por la Convención frente a la resolución del contrato:

a) Liberación a las dos partes de sus obligaciones.

Uno de los efectos de la resolución del contrato radica en la liberación a las partes de cumplir sus obligaciones.[145] Así pues, las mutuas obligaciones se extinguen por el hecho de la declaración de la resolución.

Sin embargo, no todas las obligaciones se extinguen, pues subsistirán las relativas a la indemnización de los daños y perjuicios que pueda ser debida, así como las referentes a la solución de controversias y cualquier otra relacionada con los derechos y obligaciones de las partes en caso de resolución,[146] que, según el ejemplo que cita Honnold, podría ser "...una estipulación contractual acerca del montante de la indemnización por daños y perjuicios o sobre el tratamiento de las mercaderías rechazadas...".[147]

b) Restitución de lo suministrado.

El numeral 2º del artículo 81 regula lo relacionado con la restitución por parte de la parte incumplida de lo que le hubieren suministrado o pagado conforme al contrato frente a la resolución de este. Así mismo, la norma prevé que si las dos partes estuvieren obligadas a restituir, deberán hacerlo simultáneamente.

El artículo 84, que debe entenderse como un complemento al numeral 2) del artículo 81, dispone, en primera instancia, que si el vendedor estuviese obligado a restituir el precio, deberá abonar también los intereses correspondientes a partir de la fecha en que se haya efectuado el pago, en armonía con lo dispuesto por el artículo 78 de la Convención. Y, en segunda instancia, regula lo relativo al abono que el comprador debe hacer al vendedor por los beneficios que haya obtenido de las mercaderías tanto cuando deba restituirlas como cuando no pueda hacerlo.

c) Restitución de las mercaderías.

Otro de los efectos, previsto en el artículo 82 de la Convención, tiene que ver con el tema de la restitución de las mercaderías, donde se plantean dos supuestos:

(1) El numeral 1) de la norma citada prevé que el comprador pierde el derecho a declarar resuelto el contrato cuando no le sea posible restituir las mercaderías que previamente recibió, en un estado sustancialmente idéntico a aquel en que las hubiera recibido.

(2) Sin embargo, en el numeral 2) del artículo 82 se contemplan varias situaciones que justifican y exculpan al comprador para no devolver las mercaderías en el mismo estado en que las recibió pudiendo, con todo, seguir disfrutando de su derecho a declarar resuelto el contrato.

c. Indemnización por daños y perjuicios.

La sección II del capítulo V de la parte III de la Convención regula lo relacionado con la indemnización por daños y perjuicios, como consecuencia del incumplimiento del contrato por alguno de los contratantes.

El artículo 74 de la Convención consagra una disposición general sobre el monto indemnizable, circunscribiéndolo a la doble vertiente del valor de la pérdida sufrida y el valor de la ganancia dejada de obtener por la otra parte. Estos términos textuales que parecieran obedecer a los conceptos de daño emergente y lucro cesante conocidos en las legislaciones de tradición romanista, no necesariamente tienen su significado y alcance.[148]

A continuación la misma norma, siguiendo para el efecto el principio de la previsibilidad proveniente del Common Law, desarrollado en el leading case de 1854 "Hadley v. Baxendale",[149] estatuye que "…la indemnización no podrá exceder de la pérdida que la parte que haya incurrido en incumplimiento hubiera previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato…", excluyendo, entonces, todos los conceptos indemnizables que no hayan sido previstos o pudiera haber previsto la parte incumplidora.

Los artículos 75 y 76 de la Convención traen previsiones que parten del hecho de la resolución del contrato, limitando el concepto indemnizatorio a la diferencia que exista entre el precio del contrato y el precio de la operación de reemplazo,[150] cuando alguna de las partes haya utilizado esa específica opción o a la diferencia entre el precio del contrato y el precio corriente en el momento de la resolución, cuando no haya sido posible la operación de reemplazo,[151] quedando a salvo, en ambas circunstancias, la posibilidad de obtener otros daños y perjuicios de conformidad con lo ordenado por el artículo 74.

El artículo 77 de la Convención estatuye una obligación para la parte que invoca el incumplimiento, en el sentido de "…adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, incluido el lucro cesante…", so pena de que se le reduzca de la indemnización el valor "…en que debía haberse reducido la pérdida…". Como es apenas obvio, múltiples han sido las controversias surgidas en los distintos ordenamientos al tratar de aprehender esta norma, que tiene un sabor basado en la equidad y en el principio de comunidad de suerte.

Finalmente, en adición a la norma general sobre indemnización de daños y perjuicios, la Convención trae una previsión [152] para aquellos casos de sumas adeudadas, incluida la del precio del contrato, en cuanto que la parte acreedora tiene derecho a percibir los intereses correspondientes.

Aunque la Convención no establece el tipo de interés ni un sistema para su cálculo, se ha entendido que tal solución debe buscarse en las respectivas disposiciones del derecho interno o simplemente deferirse al tribunal competente que conozca del asunto.[153]


V. BIBLIOGRAFIA

ALVAREZ LONDOÑO, LUIS FERNANDO, S.J. Derecho Internacional Público. Estudios de Derecho Internacional 2. Pontificia Universidad Javeriana. Ciencias Jurídicas. Santafé de Bogotá: Centro Editorial Javeriano, CEJA, 1998

ATIYAH, P.S. An Introduction to the Law of Contract. Fifth Edition. Oxford: Clarendon Press, 1995.

ATIYAH, P.S. The Sale of Goods. Ninth Edition. London: Pitman Publishing, 1995.

CABANILLAS SANCHEZ, ANTONIO. Comentario al artículo 54 de la Convención. En: La Compraventa Internacional de Mercaderías. Comentario de la Convención de Viena. Diez-Picazo y Ponce de León, Luis (Dir.). Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1998.

CALVO CARAVACA, ALFONSO LUIS. Comentario al artículo 95 de la Convención de Viena. En: La Compraventa Internacional de Mercaderías. Comentario de la Convención de Viena. Diez-Picazo y Ponce de León, Luis (Dir.). Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1998.

CARBONNIER, JEAN. Droit Civil. Tome 4. Les Obligations. 17e Édition. Paris: Presses Universitaires de France, 1993.

CHESHIRE, FIFOOT & FURMSTON. Law of Contract. Twelfth Edition. London: Butterworths, 1991.

CLEMENTE MEORO, MARIO. La Resolución de los Contratos por Incumplimiento. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1992.

CODE CIVIL. Paris: Éditions Dalloz, 1995.

CODICE CIVILE. Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1994.

CODIGO CIVIL ESPAÑOL. Sexta Edición. Madrid: Editorial Colex, 1993.

DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, LUIS (Dir.). La Compraventa Internacional de Mercaderías. Comentario de la Convención de Viena. Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1998.

DIPALMA, MARYELLEN. Nachfrist under National Law, the CISG, and the UNIDROIT and European Principles: A Comparison. Adaption reproduced with permission of International Contract Adviser (Kluwer), Vol. 5, No. 1 (Winter 1999) 28-38.

ENDERLEIN, FRITZ & MASKOW, DIETRICH. International Sales Law. United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods. Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods. New York: Oceana Publications, Inc., 1992.

FERNANDEZ DE LA GANDARA, LUIS & CALVO CARAVACA, ALFONSO-LUIS. Derecho Mercantil Internacional. Madrid: Editorial Tecnos, S.A., 1995.

GARRIGUEZ, JOAQUIN. Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Séptima Edición. Madrid: Imprenta Aguirre, 1976.

GARRO, ALEJANDRO MIGUEL & ZUPPI, ALBERTO LUIS. Compraventa Internacional de Mercaderías. Convención de Viena de 1980. Buenos Aires: Ediciones La Rocca, 1990.

GUARDIOLA SACARRERA, ENRIQUE. La Compraventa Internacional. Importaciones y Exportaciones. Barcelona: Bosch, Casa Editorial, S.A., 1994.

GUTIERREZ PRIETO, HERNANDO. El Análisis Económico del Derecho. Perspectivas para el Desarrollo del Derecho Económico. En: Universitas, Nº 100, diciembre-2000, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas.

HEUZE, VINCENT. La Vente Internationale de Marchandises. Droit Uniforme. Paris: GLN Joly Editions, 1992.

HONNOLD, JOHN O. Derecho Uniforme sobre Compraventas Internacionales (Convención de las Naciones Unidas de 1980). Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho Reunidas S.A., 1987.

HONNOLD, JOHN. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention. Second Edition. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1991.

McLEAN U., ROBERTO. Derecho del Comercio Internacional (Nuevas tendencias). Bogotá: Editorial Temis, 1982.

MORALES MORENO, ANTONIO MANUEL. Comentario al artículo 35 de la Convención de Viena. En: La Compraventa Internacional de Mercaderías. Comentario de la Convención de Viena. Diez-Picazo y Ponce de León, Luis (Dir.). Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1998.

OVIEDO ALBAN, JORGE. Los principios de UNIDROIT para los contratos comerciales internacionales (Su importancia en la armonización y unificación del Derecho Privado). En: Universitas, Nº 100, diciembre-2000, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas.

OVIEDO ALBAN, JORGE; URBINA GALIANO, LIZA & POSADA NUÑEZ, LAURA. La formación del contrato en los principios de UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales (Comparación con las normas colombianas). En: Universitas, Nº 96, junio-1999, Santafé de Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas.

PERALES VISCASILLAS, María del Pilar. La Formación del Contrato en la compraventa internacional de mercaderías. Valencia: Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, Tirant lo Blanch, 1996.

REYES VILLAMIZAR, FRANCISCO. Respuesta a los obstáculos jurídicos existentes en América Latina para el Comercio Electrónico. Comercio Electrónico. Desarrollos Jurídicos recientes en Colombia. En: Universitas, Nº 97, diciembre-1999, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas.

RODRIGUEZ FONNEGRA, JAIME. Del Contrato de Compraventa y Materias Aledañas. Bogotá: Ediciones Lerner, 1960.

SIERRALTA RIOS, ANÍBAL & OLAVO BAPTISTA, LUIZ. Aspectos Jurídicos del Comercio Internacional. Tercera Edición. Santafé de Bogotá: Editorial Temis, 1998.


VI. ANEXO (Texto de la Ley 518 de 4 de agosto de 1999, tomado de la versión en CD Rom del Diario Oficial número 43.656)

LEY 518 DE 1999

(agosto 4)

por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos
de compraventa internacional de mercaderías", hecha en Viena el once (11) de abril de mil novecientos ochenta (1980).

El Congreso de Colombia

Visto el texto de la "Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías", hecha en Viena el once (11) de abril de mil novecientos ochenta (1980).

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado, debidamente autenticado por la Jefe encargada de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).

Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías

Los Estados Partes en la presente Convención,

Teniendo en cuenta los amplios objetivos de las resoluciones aprobadas en el sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional;

Considerando que el desarrollo del comercio internacional sobre la base de la igualdad y del beneficio mutuo constituye un importante elemento para el fomento de las relaciones amistosas entre los Estados;

Estimando que la adopción de normas uniformes aplicables a los contratos de compraventa internacional de mercaderías en las que se tengan en cuenta los diferentes sistemas sociales, económicos y jurídicos contribuiría a la supresión de los obstáculos jurídicos con que tropieza el comercio internacional y promovería el desarrollo del comercio internacional;

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

AMBITO DE APLICACION Y DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

Ambito de aplicación

Artículo 1

1. La presente Convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes:

a) Cuando esos Estados sean Estados Contratantes, o

b) cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un Estado Contratante.

2. No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en Estados diferentes cuando ello no resulte del contrato, ni de los tratos entre ellas, ni de información revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración.

3. A los efectos de determinar la aplicación de la presente Convención, no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato.

Artículo 2

La presente Convención no se aplicará a las compraventas:

a) De mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor, en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración, no hubiera tenido ni debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderías se compraban para ese uso;

b) En subastas;

c) Judiciales;

d) De valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero;

e) De buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves;

f) De electricidad.

Artículo 3

1. Se considerarán compraventas los contratos de suministro de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte que las encargue asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción.

2. La presente Convención no se aplicará a los contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte que proporcione las mercaderías consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios.

Artículo 4

La presente Convención regula exclusivamente la formación del contrato de compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador dimanantes de ese contrato. Salvo disposición expresa en contrario de la presente Convención, ésta no concierne, en particular:

a) A la validez del contrato ni a la de ninguna de sus estipulaciones, ni tampoco a la de cualquier uso;

b) A los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas.

Artículo 5

La presente Convención no se aplicará a la responsabilidad del vendedor por la muerte o las lesiones corporales causadas a una persona por las mercaderías.

Artículo 6

Las partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención o, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos.

CAPITULO II

Disposiciones generales

Artículo 7

1. En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional.

2. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Convención que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente Convención o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado.

Artículo 8

1. A los efectos de la presente Convención, las declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse conforme a su intención cuando la otra parte haya conocido o no haya podido ignorar cuál era esa intención.

2. Si el párrafo precedente no fuera aplicable, las declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse conforme al sentido que les habría dado en igual situación una persona razonable de la misma condición que la otra parte.

3. Para determinar la intención de una parte o el sentido que habría dado una persona razonable deberán tenerse debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hubieran establecido entre ellas, los usos y el comportamiento ulterior de las partes.

Artículo 9

1. Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas.

2. Salvo pacto en contrario, se considerará que las partes han hecho tácitamente aplicable al contrato o a su formación un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento y que, en el comercio internacional, sea ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil de que se trate.

Artículo 10

A los efectos de la presente Convención:

a) Si una de las partes tiene más de un establecimiento, su establecimiento será el que guarde la relación más estrecha con el contrato y su cumplimiento, habida cuenta de las circunstancias conocidas o previstas por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración;

b) Si una de las partes no tiene establecimiento, se tendrá en cuenta su residencia habitual.

Artículo 11

El contrato de compraventa no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma. Podrá probarse por cualquier medio, incluso por testigos.

Artículo 12

No se aplicará ninguna disposición del artículo 11, del artículo 29 ni de la Parte II de la presente Convención que permita que la celebración, la modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa o la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención se hagan por un procedimiento que no sea por escrito, en el caso de que cualquiera de las partes tenga su establecimiento en un Estado Contratante que haya hecho una declaración con arreglo al artículo 96 de la presente Convención. Las partes no podrán establecer excepciones a este artículo ni modificar sus efectos.

Artículo 13

A los efectos de la presente Convención, la expresión "por escrito" comprende el telegrama y el télex.

PARTE II

FORMACION DEL CONTRATO

Artículo 14

1. La propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas determinadas constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Una propuesta es suficientemente precisa si indica las mercaderías y, expresa o tácitamente, señala la cantidad y el precio o prevé un medio para determinarlos.

2. Toda propuesta no dirigida a una o varias personas determinadas será considerada como una simple invitación a hacer ofertas, a menos que la persona que haga la propuesta indique claramente lo contrario.

Artículo 15

1. La oferta surtirá efecto cuando llegue al destinatario.

2. La oferta, aun cuando sea irrevocable, podrá ser retirada si su retiro llega al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta.

Artículo 16

1. La oferta podrá ser revocada hasta que se perfeccione el contrato si la revocación llega al destinatario antes que éste haya enviado la aceptación.

2. Sin embargo, la oferta no podrá revocarse:

a) Si indica, al señalar un plazo fijo para la aceptación o de otro modo, que es irrevocable; o

b) Si el destinatario podía razonablemente considerar que la oferta era irrevocable y ha actuado basándose en esa oferta.

Artículo 17

La oferta, aun cuando sea irrevocable, quedará extinguida cuando su rechazo llegue al oferente.

Artículo 18

1. Toda declaración u otro acto del destinatario que indique asentimiento a una oferta constituirá aceptación. El silencio o la inacción, por sí solos, no constituirán aceptación.

2. La aceptación de la oferta surtirá efecto en el momento en que la indicación de asentimiento llegue al oferente. La aceptación no surtirá efecto si la indicación de asentimiento no llega al oferente dentro del plazo que éste haya fijado o, si no se ha fijado plazo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de las circunstancias de la transacción y, en particular, de la rapidez de los medios de comunicación empleados por el oferente. La aceptación de las ofertas verbales tendrá que ser inmediata a menos que de las circunstancias resulte otra cosa.

3. No obstante, si, en virtud de la oferta, de prácticas que las partes hayan establecido entre ellas o de los usos, el destinatario puede indicar su asentimiento ejecutando un acto relativo, por ejemplo, a la expedición de las mercaderías o al pago del precio, sin comunicación al oferente, la aceptación surtirá efecto en el momento en que se ejecute ese acto, siempre que esa ejecución tenga lugar dentro del plazo establecido en el párrafo precedente.

Artículo 19

1. La respuesta a una oferta que pretenda ser una aceptación y que contenga adiciones, limitaciones u otras modificaciones se considerará como rechazo de la oferta y constituirá una contraoferta.

2. No obstante, la respuesta a uno oferta que pretenda ser una aceptación y que contenga elementos adicionales o diferentes que no alteren sustancialmente los de la oferta constituirá aceptación a menos que el oferente, sin demora injustificada, objete verbalmente la discrepancia o envíe una comunicación en tal sentido. De no hacerlo así, los términos del contrato serán los de la oferta con las modificaciones contenidas en la aceptación.

3. Se considerará que los elementos adicionales o diferentes relativos, en particular, al precio, al pago, a la calidad y la cantidad de las mercaderías, al lugar y la fecha de la entrega, al grado de responsabilidad de una parte con respecto a la otra o a la solución de las controversias alteran sustancialmente los elementos de la oferta.

Artículo 20

1. El plazo de aceptación fijado por el oferente en un telegrama o en una carta comenzará a correr desde el momento en que el telegrama sea entregado para su expedición o desde la fecha de la carta o, si no se hubiere indicado ninguna, desde la fecha que figure en el sobre. El plazo de aceptación fijado por el oferente por teléfono, télex u otros medios de comunicación instantánea comenzará a correr desde el momento en que la oferta llegue al destinatario.

2. Los días feriados oficiales o no laborables no se excluirán del cómputo del plazo de aceptación. Sin embargo, si la comunicación de aceptación no pudiere ser entregada en la dirección del oferente el día del vencimiento del plazo, por ser ese día feriado oficial o no laborable en el lugar del establecimiento del oferente, el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente.

Artículo 21

1. La aceptación tardía surtirá, sin embargo, efecto como aceptación si el oferente, sin demora, informa verbalmente de ello al destinatario o le envía una comunicación en tal sentido.

2. Si la carta u otra comunicación por escrito que contenga una aceptación tardía indica que ha sido enviada en circunstancias tales que si su transmisión hubiera sido normal habría llegado al oferente en el plazo debido, la aceptación tardía surtirá efecto como aceptación a menos que, sin demora, el oferente informe verbalmente al destinatario de que considera su oferta caducada o le envíe una comunicación en tal sentido.

Artículo 22

La aceptación podrá ser retirada si su retiro llega al oferente antes que la aceptación haya surtido efecto o en ese momento.

Artículo 23

El contrato se perfeccionará en el momento de surtir efecto la aceptación de la oferta conforme a lo dispuesto en la presente Convención.

Artículo 24

A los efectos de esta Parte de la presente Convención, la oferta, la declaración de aceptación o cualquier, otra manifestación de intención "llega" al destinatario cuan do se le comunica verbalmente o se entrega por cualquier otro medio al destinatario personalmente, o en su establecimiento o dirección postal o, si no tiene establecimiento ni dirección postal, en su residencia habitual.

PARTE III

COMPRAVENTA DE MERCADERIAS

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 25

El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación.

Artículo 26

La declaración de resolución del contrato surtirá efecto sólo si se comunica a la otra parte.

Artículo 27

Salvo disposición expresa en contrario de esta Parte de la presente Convención, si una de las partes hace cualquier notificación, petición u otra comunicación conforme a dicha Parte y por medios adecuados a las circunstancias, las demoras o los errores que puedan producirse en la transmisión de esa comunicación o el hecho de que no llegue a su destino no privarán a esa parte del derecho a invocar tal comunicación.

Artículo 28

Si, conforme a lo dispuesto en la presente Convención, una parte tiene derecho a exigir de la otra el cumplimiento de una obligación, el tribunal no estará obligado a ordenar el cumplimiento específico a menos que lo hiciera, en virtud de su propio derecho, respecto de contratos de compraventa similares no regidos por la presente Convención.

Artículo 29

1. El contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entro las partes.

2. Un contrato por escrito que contenga una estipulación que exija que toda modificación o extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo acuerdo de otra forma. No obstante, cualquiera de las partes quedará vinculada por sus propios actos y no podrá alegar esa estipulación en la medida en que la otra parte se haya basado en tales actos.

CAPITULO II

Obligaciones del vendedor

Artículo 30

El vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente Convención.

SECCION I

ENTREGA DE LAS MERCADERIAS Y DE LOS DOCUMENTOS

Artículo 31

Si el vendedor no estuviere obligado a entregar las mercaderías en otro lugar determinado, su obligación de entrega consistirá:

a) Cuando el contrato de compraventa implique el transporte de las mercaderías, en ponerlas en poder del primer porteador para que las traslade al comprador;

b) Cuando, en los casos no comprendidos en el apartado precedente, el contrato verse sobre mercaderías ciertas o sobre mercaderías no identificadas que hayan de extraerse de una masa determinada o que deban ser manufacturadas o producidas y cuando, en e1 momento de la celebración del contrato, las partes sepan que las mercaderías se encuentran o deben ser manufacturadas o producidas en un lugar determinado, en ponerlas a disposición del comprador en ese lugar;

c) En los demás casos, en poner las mercaderías a disposición del comprador en el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento en el momento de la celebración del contrato.

Artículo 32

1. Si el vendedor, conforme al contrato o a la presente Convención, pusiere las mercaderías en poder de un porteador y éstas no estuvieren claramente identificadas a los efectos del contrato mediante señales en ellas, mediante los documentos de expedición o de otro modo, el vendedor deberá enviar al comprador un aviso de expedición en el que se especifiquen las mercaderías.

2. El vendedor, si estuviera obligado a disponer el transporte de las mercaderías, deberá concertar los contratos necesarios para que éste se efectúe hasta el lugar señalado por los medios de transporte adecuados a las circunstancias y en las condiciones usuales para tal transporte.

3. El vendedor, si no estuviere obligado a contratar un seguro de transporte, deberá proporcionar al comprador, a petición de éste, toda la información disponible que sea necesaria para contratar ese seguro.

Artículo 33

El vendedor deberá entregar las mercaderías:

a) Cuando, con arreglo al contrato, se haya fijado o pueda determinarse una fecha, en esa fecha; o

b) Cuando, con arreglo al contrato, se haya fijado o pueda determinarse un plazo, en cualquier momento dentro de ese plazo, a menos que de las circunstancias resulte que corresponde al comprador elegir la fecha; o

c) En cualquier otro caso, dentro de un plazo razonable a partir, de la celebración del contrato.

Artículo 34

El vendedor, si estuviere obligado a entregar documentos relacionados con las mercaderías, deberá entregarlos en el momento, en el lugar y en la forma fijados por el contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el vendedor podrá, hasta el momento fijado para la entrega, subsanar cualquier falta de conformidad de los documentos, si el ejercicio de ese derecho no ocasiona al comprador inconvenientes ni gastos excesivos. No obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente Convención.

SECCION II

CONFORMIDAD DE LAS MERCADERIAS Y PRETENSIONES DE TERCEROS

Artículo 35

1. El vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasadas o embaladas en la forma fijada por el contrato.

2. Salvo que las partes hayan pactado otra cosa, las mercaderías no serán conformes al contrato a menos:

a) Que sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinen mercaderías del mismo tipo;

b) Que sean aptas para cualquier uso especial que expresa o tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato, salvo que de las circunstancias resulte que el comprador no confió, o no era razonable que confiara, en la competencia y el juicio del vendedor;

c) Que posean las cualidades de la muestra o modelo que el vendedor haya presentado al comprador;

d) Que estén envasadas o embaladas en la forma habitual para tales mercaderías o, si no existe tal forma, de una forma adecuada para conservarlas y protegerlas.

3. El vendedor no será responsable, en virtud de los apartados a) a d) del párrafo precedente, de ninguna falta de conformidad de las mercaderías que el comprador conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato.

Artículo 36

1. El vendedor será responsable, conforme al contrato y a la presente Convención, de toda falta de conformidad que exista en el momento de la transmisión del riesgo al comprador, aun cuando esa falta sólo sea manifiesta después de ese momento.

2. El vendedor también será responsable de toda falta de conformidad ocurrida después del momento indicado en el párrafo precedente y que sea imputable al incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, incluido el incumplimiento de cualquier garantía de que, durante determinado período, las mercaderías seguirán siendo aptas para su uso ordinario o para un uso especial o conservarán las cualidades y características especificadas.

Artículo 37

En caso de entrega anticipada, el vendedor podrá, hasta la fecha fijada para la entrega de las mercaderías, bien entregar la parte o cantidad que falte de las mercaderías o entregar otras mercaderías en sustitución de las entregadas que no sean conformes, bien subsanar cualquier falta de conformidad de las mercaderías entregadas, siempre que el ejercicio de ese derecho no ocasione al comprador inconvenientes ni gastos excesivos. No obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente Convención.

Artículo 38

1 . El comprador deberá examinar o hacer examinar las mercaderías en el plazo más breve posible atendidas las circunstancias.

2. Si el contrato implica el transporte de las mercaderías, el examen podrá aplazarse hasta que éstas hayan llegado a su destino.

3. Si el comprador cambia en tránsito el destino de las mercaderías o las reexpide sin haber tenido una oportunidad razonable de examinarlas y si en el momento de la celebración del contrato el vendedor tenía o debía haber tenido conocimiento de la posibilidad de tal cambio de destino o reexpedición, el examen podrá aplazarse hasta que las mercaderías hayan llegado a su nuevo destino.

Artículo 39

1. El comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías si no lo comunica al vendedor, especificando su naturaleza, dentro de un plazo razonable a partir del momento en que la haya o debiera haberla descubierto.

2. En todo caso, el comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías si no lo comunica al vendedor en un plazo máximo de dos años contados desde la fecha en que las mercaderías se pusieron efectivamente en poder del comprador, a menos que ese plazo sea incompatible con un período de garantía contractual.

Artículo 40

El vendedor no podrá invocar las disposiciones de los artículos 38 y 39 si la falta de conformidad se refiere a hechos que conocía o no podía ignorar y que no haya revelado al comprador.

Artículo 41

El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero, a menos que el comprador convenga en aceptarlas sujetas a tales derechos o pretensiones. No obstante, si tales derechos o pretensiones se basan en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual, la obligación del vendedor se regirá por el artículo 42.

Artículo 42

1. El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero basados en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual que conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato, siempre que los derechos o pretensiones se basen en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual:

a) En virtud de la ley del Estado en que hayan de revenderse o utilizarse las mercaderías, si las partes hubieren previsto en el momento de la celebración del contrato que las mercaderías se revenderían o utilizarían en ese Estado; o

b) En cualquier otro caso, en virtud de la ley del Estado en que el comprador tenga su establecimiento.

2. La obligación del vendedor conforme el párrafo precedente no se extenderá a los casos en que:

a) En el momento de la celebración del contrato, el comprador conociera o no hubiera podido ignorar la existencia del derecho o de la pretensión; o

b) El derecho o la pretensión resulten de haberse ajustado el vendedor a fórmulas, diseños y dibujos técnicos o a otras especificaciones análogas proporcionados por el comprador.

Artículo 43

1. El comprador perderá el derecho a invocar las disposiciones del artículo 41 o del artículo 42 si no comunica al vendedor la existencia del derecho o la pretensión del tercero, especificando su naturaleza, dentro de un plazo razonable a partir del momento en que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento de ella.

2. El vendedor no tendrá derecho a invocar las disposiciones del párrafo precedente si conocía el derecho o la pretensión del tercero y su naturaleza.

Artículo 44

No obstante lo dispuesto en el párrafo 1º del artículo 39 y en el párrafo 1º del artículo 43, el comprador podrá rebajar el precio conforme al artículo 50 o exigir la indemnización de los daños y perjuicios, excepto el lucro cesante, si puede aducir una excusa razonable por haber omitido la comunicación requerida.

SECCION III

DERECHOS Y ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO POR EL VENDEDOR

Artículo 45

1. Si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la presente Convención, el comprador podrá:

a) Ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52;

b) Exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77.

2. El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho.

3. Cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o el árbitro no podrán conceder al vendedor ningún plazo de gracia.

Artículo 46

1. El comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones, a menos que haya ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia.

2. Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir la entrega de otras mercaderías en sustitución de aquéllas sólo si la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial del contrato y la petición de sustitución de las mercaderías se formula al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento.

3. Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir al vendedor que las repare para subsanar la falta de conformidad, a menos que esto no sea razonable habida cuenta de todas las circunstancias. La petición de que se reparen las mercaderías deberá formularse al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento.

Artículo 47

1. El comprador podrá fijar un plazo suplementario de duración razonable para el cumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le incumban.

2. El comprador, a menos que haya recibido la comunicación del vendedor de que no cumplirá lo que le incumbe en el plazo fijado conforme al párrafo precedente, no podrá, durante ese plazo, ejercitar acción alguna por incumplimiento del contrato. Sin embargo, el comprador no perderá por ello el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios por demora en el cumplimiento.

Artículo 48

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, el vendedor podrá, incluso después de la fecha de entrega, subsanar a su propia costa todo incumplimiento de sus obligaciones, si puede hacerlo sin una demora excesiva y sin causar al comprador inconvenientes excesivos o incertidumbre en cuanto al reembolso por el vendedor de los gastos anticipados por el comprador. No obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente Convención.

2. Si el vendedor pide al comprador que le haga saber si acepta el cumplimiento y el comprador no atiende la petición en un plazo razonable, el vendedor podrá cumplir sus obligaciones en el plazo indicado en su petición. El comprador no podrá, antes del vencimiento de ese plazo, ejercitar ningún derecho o acción incompatible con el cumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le incumban.

3. Cuando el vendedor comunique que cumplirá sus obligaciones en un plazo determinado, se presumirá que pide al comprador que le haga saber su decisión conforme al párrafo precedente.

4. La petición o comunicación hecha por el vendedor conforme al párrafo 2º o al párrafo 3º de este artículo no surtirá efecto a menos que sea recibida por el comprador.

Artículo 49

1. El comprador podrá declarar resuelto el contrato:

a) Si el incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obligaciones que lo incumban conforme al contrato o a la presente Convención constituye un incumplimiento esencial del contrato; o

b) En caso de falta de entrega, si el vendedor no entrega las mercaderías dentro del plazo suplementario fijado por el comprador conforme al párrafo 1º del artículo 47 o si declara que no efectuará la entrega dentro del plazo así fijado.

2. No obstante, en los casos en que el vendedor haya entregado las mercaderías, el comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato si no lo hace:

a) En caso de entrega tardía, dentro de un plazo razonable después de que haya tenido conocimiento de que se ha efectuado la entrega;

b) En caso de incumplimiento distinto de la entrega tardía, dentro de un plazo razonable:

i. Después de que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del incumplimiento;

ii. Después del vencimiento del plazo suplementario fijado por el comprador conforme al párrafo 1º del artículo 47, o después de que el vendedor haya declarado que no cumplirá sus obligaciones dentro de ese plazo suplementario; o

iii. Después del vencimiento del plazo suplementario indicado por el vendedor conforme al párrafo 2º del artículo 48, o después de que el comprador haya declarado que no aceptará el cumplimiento.

Artículo 50

Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, háyase pagado o no el precio, el comprador podrá rebajar el precio proporcionalmente a la diferencia existente entre el valor que las mercaderías efectivamente entregadas tenían en el momento de la entrega y el valor que habrían tenido en ese momento mercaderías conformes al contrato. Sin embargo, el comprador no podrá rebajar el precio si el vendedor subsana cualquier incumplimiento de sus obligaciones conforme al artículo 37 o al artículo 48 o si el comprador se niega a aceptar el cumplimiento por el vendedor conforme a esos artículos.

Artículo 51

1. Si el vendedor sólo entrega una parte de las mercaderías o si sólo una parte de las mercaderías entregadas es conforme al contrato, se aplicarán los artículos 46 a 50 respecto de la parte que falte o que no sea conforme.

2. El comprador podrá declarar resuelto el contrato en su totalidad sólo si la entrega parcial o no conforme al contrato constituye un incumplimiento esencial de éste.

Artículo 52

1. Si el vendedor entrega las mercaderías antes de la fecha fijada, el comprador podrá aceptar o rehusar su recepción.

2. Si el vendedor entrega una cantidad de mercaderías mayor que la expresada en el contrato, el comprador podrá aceptar o rehusar la recepción de la cantidad excedente. Si el comprador acepta la recepción de la totalidad o de parte de la cantidad excedente, deberá pagarla al precio del contrato.

CAPITULO III

Obligaciones del comprador

Artículo 53

El comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente Convención.

SECCION I

PAGO DEL PRECIO

Artículo 54

La obligación del comprador de pagar el precio comprende la de adoptar las medidas y cumplir los requisitos fíjado por el contrato o por las leyes o los reglamentos pertinentes para que sea posible el pago.

Artículo 55

Cuando el contrato haya sido válidamente celebrado pero en él ni expresa ni tácitamente se haya señalado el precio o estipulado un medio para determinarlo, se considerará, salvo indicación en contrario, que las partes han hecho referencia implícitamente al precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato por tales mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes, en el tráfico mercantil de que se trate.

Artículo 56

Cuando el precio se señale en función del peso de las mercaderías, será el peso neto, en caso de duda, el que determine dicho precio.

Artículo 57

1. El comprador, si no estuviere obligado a pagar el precio en otro lugar determinado, deberá pagarlo al vendedor:

a) En el establecimiento del vendedor; o

b) Si el pago debe hacerse contra entrega de las mercaderías o de documentos, en el lugar en que se efectúe la entrega.

2. El vendedor deberá soportar todo aumento de los gastos relativos al pago ocasionado por un cambio de su establecimiento acaecido después de la celebración del contrato.

Artículo 58

1. El comprador, si no estuviere obligado a pagar el precio en otro momento determinado, deberá pagarlo cuando el vendedor ponga a su disposición las mercaderías o los correspondientes documentos representativos conforme al contrato y a la presente Convención. El vendedor podrá hacer del pago una condición para la entrega de las mercaderías o los documentos.

2. Si el contrato implica el transporte de las mercaderías, el vendedor podrá expedirlas estableciendo que las mercaderías o los correspondientes documentos representativos no se pondrán en poder del comprador más que contra el pago del precio.

3. El comprador no estará obligado a pagar el precio mientras no haya tenido la posibilidad de examinar las mercaderías, a menos que las modalidades de entrega o de pago pactadas por las partes sean incompatibles con esa posibilidad.

Artículo 59

El comprador deberá pagar el precio en la fecha fijada o que pueda determinarse con arreglo al contrato y a la presente Convención, sin necesidad de requerimiento ni de ninguna otra formalidad por parte del vendedor.

SECCION II

RECEPCION

Artículo 60

La obligación del comprador de proceder a la recepción consiste:

a) En realizar todos los actos que razonablemente quepa esperar de él para que el vendedor pueda efectuar la entrega; y

b) En hacerse cargo de las mercaderías.

SECCION III

DERECHOS Y ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO POR EL COMPRADOR

Artículo 61

1. Si el comprador no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la presente Convención, el vendedor podrá:

a) Ejercer los derechos establecidos en los artículos 62 a 65;

b) Exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77.

2. El vendedor no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho.

3. Cuando el vendedor ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o el árbitro no podrán conceder al comprador ningún plazo de gracia.

Artículo 62

El vendedor podrá exigir al comprador que pague el precio, que reciba las mercaderías o que cumpla las demás obligaciones que le incumban, a menos que el vendedor haya ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia.

Artículo 63

1. El vendedor podrá fijar un plazo suplementario de duración razonable para el cumplimiento por el comprador de las obligaciones que le incumban.

2. El vendedor, a menos que haya recibido comunicación del comprador de que no cumplirá lo que le incumbe en el plazo fijado conforme el párrafo precedente, no podrá, durante ese plazo, ejercitar acción alguna por incumplimiento del contrato. Sin embargo, el vendedor no perderá por ello el derecho que pueda tener a exigir la indemnización de los daños y perjuicios por demora en el cumplimiento.

Artículo 64

1. El vendedor podrá declarar resuelto el contrato:

a) Si el incumplimiento por el comprador de cualquiera de las obligaciones que le incumban conforme al contrato o a la presente Convención constituye un incumplimiento esencial del contrato; o

b) Si el comprador no cumple su obligación de pagar el precio o no recibe las mercaderías dentro del plazo suplementario fijado por el vendedor conforme al párrafo 1º del artículo 63 o si declara que no lo hará dentro del plazo así fijado.

2. No obstante, en los casos en que el comprador haya pagado el precio, el vendedor perderá el derecho a declarar resuelto el contrato si no lo hace:

a) En caso de cumplimiento tardío por el comprador, antes de que el vendedor tenga conocimiento de que se ha efectuado el cumplimiento; o

b) En caso de incumplimiento distinto del cumplimiento tardío por el comprador, dentro de un plazo razonable:

i. Después de que el vendedor haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del incumplimiento; o

ii. Después del vencimiento del plazo suplementario fijado por el vendedor conforme al párrafo 1º del artículo 63, o después de que el comprador haya declarado que no cumplirá sus obligaciones dentro de ese plazo suplementario.

Artículo 65

1. Si conforme al contrato correspondiere al comprador especificar la forma, las dimensiones u otras características de las mercaderías y el comprador no hiciere tal especificación en la fecha convenida o en un plazo razonable después de haber recibido un requerimiento del vendedor, éste podrá, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos que le correspondan, hacer la especificación él mismo de acuerdo con las necesidades del comprador que le sean conocidas.

2. El vendedor, si hiciere la especificación él mismo, deberá informar de sus detalles al comprador y fijar un plazo razonable para que éste pueda hacer una especificación diferente. Si, después de recibir esa comunicación, el comprador no hiciera uso de esta posibilidad dentro del plazo así fijado, la especificación hecha por el vendedor tendrá fuerza vinculante.

CAPITULO IV

Transmisión del riesgo

Artículo 66

La pérdida o el deterioro de las mercaderías sobrevenidos después de la transmisión del riesgo al comprador no liberarán a éste de su obligación de pagar el precio, a menos que se deban a un acto u omisión del vendedor.

Artículo 67

1. Cuando el contrato de compraventa implique el transporte de las mercaderías y el vendedor no esté obligado a entregarlas en un lugar determinado, el riesgo se transmitirá al comprador en el momento en que las mercaderías se pongan en poder del primer porteador para que 1as traslade al comprador conforme al contrato de compraventa. Cuando el vendedor esté obligado a poner las mercaderías en poder de un porteador en un lugar determinado, el riesgo no se transmitirá al comprador hasta que las mercaderías se pongan en poder del porteador en ese lugar. El hecho de que el vendedor esté autorizado a retener los documentos representativos de las mercaderías no afectará a la transmisión del riesgo.

2. Sin embargo, el riesgo no se transmitirá al comprador hasta que las mercaderías estén claramente identificadas a los efectos del contrato mediante señales en ellas, mediante los documentos de expedición, mediante comunicación enviada al comprador o de otro modo.

Artículo 68

El riesgo respecto de las mercaderías vendidas en tránsito se transmitirá al comprador desde el momento de la celebración del contrato. No obstante, si así resultare de las circunstancias, el riesgo será asumido por el comprador desde el momento en que las mercaderías se hayan puesto en poder del porteador que haya expedido los documentos acreditativos del transporte. Sin embargo, si en el momento de la celebración del contrato de compraventa el vendedor tuviera o debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderías habían sufrido pérdida o deterioro y no lo hubiera revelado al comprador, el riesgo de la pérdida o deterioro será de cuenta del vendedor.

Artículo 69

1. En los casos no comprendidos en los artículos 67 y 68, el riesgo se transmitirá al comprador cuando éste se haga cargo de las mercaderías o, si no lo hace a su debido tiempo, desde el momento en que las mercaderías se pongan a su disposición e incurra en incumplimiento del contrato al rehusar su recepción.

2. No obstante, si el comprador estuviere obligado a hacerse cargo de las mercaderías en un lugar distinto de un establecimiento del vendedor, el riesgo se transmitirá cuando deba efectuarse la entrega y el comprador tenga conocimiento de que las mercaderías están a su disposición en ese lugar.

3. Si el contrato versa sobre mercaderías aún sin Identificar, no se considerará que las mercaderías se han puesto a disposición del comprador hasta que estén claramente identificadas a los efectos del contrato.

Artículo 70

Si el vendedor ha incurrido en incumplimiento esencial del contrato, las disposiciones de los artículos 67, 68 y 69 no afectarán a los derechos y acciones de que disponga el comprador como consecuencia del incumplimiento.

Capítulo V

DISPOSICIONES COMUNES A LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR
Y DEL COMPRADOR

Sección 1. Incumplimiento previsible y contratos con entregas sucesivas

Artículo 71

1. Cualquiera de las partes podrá diferir el cumplimiento de sus obligaciones si, después de la celebración del contrato, resulta manifiesto que la otra parte no cumplirá una parte sustancial de las obligaciones a causa de:

a) Un grave menoscabo de su capacidad para cumplirlas o de su solvencia, o

b) Su comportamiento al disponerse a cumplir o al cumplir el contrato.

2. El vendedor, si ya hubiere expedido las mercaderías antes de que resulten evidentes los motivos a que se refiere el párrafo precedente, podrá oponerse a que las mercaderías se pongan en poder del comprador, aun cuando éste sea tenedor de un documento que le permita obtenerlas. Este párrafo concierne sólo a los derechos respectivos del comprador y del vendedor sobre las mercaderías.

3. La parte que difiera el cumplimiento de lo que le incumbe, antes o después de la expedición de las mercaderías, deberá comunicarlo inmediatamente a la otra parte y deberá proceder al cumplimiento si esa otra parte da seguridades suficientes de que cumplirá sus obligaciones.

Artículo 72

1. Si antes de la fecha de cumplimiento fuere patente que una de las partes incurrirá en Incumplimiento esencial del contrato, la otra parte podrá declararlo resuelto.

2. Si hubiere tiempo para ello, la parte que tuviere la intención de declarar resuelto el contrato deberá comunicarlo con antelación razonable a la otra parte para que ésta pueda dar seguridades suficientes de que cumplirá sus obligaciones.

3. Los requisitos del párrafo precedente no se aplicarán si la otra parte hubiere declarado que no cumplirá sus obligaciones.

Artículo 73

1. En los contratos que estipulen entregas sucesivas de mercaderías, si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las entregas constituye un incumplimiento esencial del contrato en relación con esa entrega, la otra parte podrá declarar resuelto el contrato en lo que respecta a esa entrega.

2. Si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las entregas da a la otra parte fundados motivos para inferir que se producirá un incumplimiento esencial del contrato en relación con futuras de entregas, esa otra parte podrá declarar resuelto el contrato para el futuro, siempre que lo haga dentro de un plazo razonable.

3. El comprador que declare resuelto el contrato respecto de cualquier entrega podrá al mismo tiempo, declararlo resuelto respecto de entregas ya efectuadas o de futuras entregas si, por razón de su interdependencia, tales entregas no pudieren destinarse al uso previsto por las partes en el momento de la celebración del contrato.

SECCION II

INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Artículo 74

La indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. Esa indemnización no podrá exceder de la pérdida que la parte que haya incurrido en incumplimiento hubiera previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento, como consecuencia posible del incumplimiento del contrato.

Artículo 75

Si se resuelve el contrato y si, de manera razonable y dentro de un plazo razonable después de la resolución, el comprador procede a una compra de reemplazo o el vendedor a una venta de reemplazo, la parte que exija la indemnización podrá obtener la diferencia entre el precio del contrato y el precio estipulado en la operación de reemplazo, así como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74.

Artículo 76

1. Si se resuelve el contrato y existe un precio corriente de las mercaderías, la parte que exija la indemnización podrá obtener, si no ha procedido a una compra de reemplazo o a una venta de reemplazo conforme al artículo 75 la diferencia entre el precio señalado en el contrato y el precio corriente en el momento de la resolución, así como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74. No obstante, si la parte que exija la indemnización ha resuelto el contrato después de haberse hecho cargo de las mercaderías, se aplicará el precio corriente en el momento en que se haya hecho cargo de ellas en vez del precio corriente en el momento de la resolución.

2. A los efectos del párrafo precedente, el precio corriente es el del lugar en que debiera haberse efectuado la entrega de las mercaderías o, si no hubiera precio corriente en ese lugar, el precio en otra plaza que pueda razonablemente sustituir eso lugar, habida cuenta de las diferencias de costo del transporte de las mercaderías.

Artículo 77

La parte que invoque el incumplimiento del contrato deberá adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, incluido el lucro cesante, resultante del incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la otra parte podrá pedir que se reduzca la indemnización de los daños y perjuicios en la cuantía en que debía haberse reducido la pérdida.

SECCION III

INTERESES

Artículo 78

Si una parte no paga el precio o cualquier otra suma adeudada, la otra parte tendrá derecho a percibir los intereses correspondientes, sin perjuicio de toda acción de indemnización de los daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74.

SECCION IV

EXONERACION

Artículo 79

1. Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase o que evitase 0 superase sus consecuencias.

2. Si la falta de cumplimiento de una de las partes se debe a la falta de cumplimiento de un tercero al que haya encargado la ejecución total o parcial del contrato, esa parte sólo quedará exonerada de responsabilidad:

a) Si está exonerada conforme al párrafo precedente, y

b) Si el tercero encargado de la ejecución también estaría exonerado en el caso de que se le aplicaran las disposiciones de ese párrafo.

3. La exoneración prevista en este artículo surtirá efecto mientras dure el impedimento.

4. La parte que no haya cumplido sus obligaciones deberá comunicar a la otra parte el impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplirlas. Si la otra parte no recibiera la comunicación dentro de un plazo razonable después de que la parte que no haya cumplido tuviera o debiera haber tenido conocimiento del impedimento, esta última parte será responsable de los daños y perjuicios causados por esa falta de recepción.

5. Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá a una u otra de las parten ejercer cualquier derecho distinto del derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente Convención

Artículo 80

Una parte no podrá invocar el incumplimiento de la otra en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado por acción u omisión de aquélla.

SECCION V

EFECTOS DE LA RESOLUCION

Artículo 81

1. La resolución del contrato liberará a las dos partes de sus obligaciones, salvo la indemnización de daños y perjuicios que pueda ser debida. La resolución no afectará a las estipulaciones del contrato relativas a la solución de controversias ni a ninguna otra estipulación del contrato que regule los derechos y obligaciones de las partes en caso de resolución.

2. La parte que haya cumplido total o parcialmente el contrato podrá reclamar a la otra parte la restitución de lo que haya suministrado o pagado conforme el contrato. Si las dos partes están obligadas a restituir, la restitución deberá realizarse simultáneamente.

Artículo 82

1. El comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato o a exigir al vendedor la entrega de otras mercaderías en sustitución de las recibidas cuando le sea imposible restituir éstas en un estado sustancialmente idéntico a aquél en que las hubiera recibido.

2. El párrafo precedente no se aplicará:

a) Si la imposibilidad de restituir las mercaderías o de restituirlas en un estado sustancialmente idéntico a aquél en que el comprador las hubiera recibido no fuere imputable a un acto u omisión de éste;

b) Si las mercaderías o una parte de ellas hubieren perecido o se hubieren deteriorado como consecuencia del examen prescrito en el artículo 38; o

c) Si el comprador, antes de que descubriera o debiera haber descubierto la falta de conformidad, hubiere vendido las mercaderías o una parte de ellas en el curso normal de sus negocios o las hubiere consumido o transformado conforme a un uso normal.

Artículo 83

El comprador que haya perdido el derecho a declarar resuelto el contrato o a exigir al vendedor la entrega de otras mercaderías en sustitución de las recibidas, conforme el artículo 82, conservará todos los demás derechos y acciones que le correspondan conforme al contrato y a la presente Convención.

Artículo 84

1. El vendedor, si estuviera obligado a restituir el precio, deberá abonar también los intereses correspondientes a partir de la fecha en que se haya efectuado el pago.

2. El comprador deberá abonar al vendedor el importe de todos los beneficios que haya obtenido de las mercaderías o de una parte de ellas:

a) Cuando deba restituir las mercaderías o una parte de ellas; o

b) Cuando le sea imposible restituir la totalidad o una parte de las mercaderías o restituir la totalidad o una parte de las mercaderías en un estado sustancialmente idéntico a aquél en que las hubiera recibido, pero haya declarado resuelto el contrato o haya exigido al vendedor la entrega de otras mercaderías en sustitución de las recibidas

SECCION VI

CONSERVACION DE LAS MERCADERIAS

Artículo 85

Sí el comprador se demora en la recepción de las mercaderías o, cuando el pago del precio y la entrega de las mercaderías deban hacerse simultáneamente, no paga el precio, el vendedor, si está en posesión de las mercaderías o tiene de otro modo poder de disposición sobre ellas, deberá adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para su conservación. El vendedor tendrá derecho a retener las mercaderías hasta que haya obtenido del comprador el reembolso de los gastos razonables que haya realizado.

Artículo 86

1. El comprador, si ha recibido las mercaderías y tiene la intención de ejercer cualquier derecho a rechazarlas que le corresponda conforme al contrato o a la presente Convención, deberá adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para su conservación. El comprador tendrá derecho a retener las mercaderías hasta que haya obtenido del vendedor el reembolso de los gastos razonables que haya realizado.

2. Si las mercaderías expedidas al comprador han sido puestas a disposición de éste en el lugar de destino y el comprador ejerce el derecho a rechazarlas, deberá tomar posesión de ellas por cuenta del vendedor, siempre que ello pueda hacerse, sin pago del precio y sin inconvenientes ni gastos excesivos. Esta disposición no se aplicará cuando el vendedor o una persona facultada para hacerse cargo de las mercaderías por cuenta de aquél esté presente en el lugar de destino. Si el comprador toma posesión de las mercaderías conforme a este párrafo, sus derecho a y obligaciones se regirán por el párrafo precedente.

Artículo 87

La parte que esté obligada a adoptar medidas para la conservación de las mercaderías podrá depositarlas en los almacenes de un tercero a expensas de la otra parte siempre que los gastos resultantes no sean excesivos.

Artículo 88

1. La parte que esté obligada a conservar las mercaderías conforme a los artículos 85 y 86 podrá venderlas por cualquier medio apropiado si la otra parte se ha demorado excesivamente en tomar posesión de ellas, en aceptar su devolución o en pagar el precio o los gastos de su conservación, siempre que comunique con antelación razonable a esa otra parte su intención de vender.

2. Si las mercaderías están expuestas a deterioro rápido, o si su conservación entraña gastos excesivos, la parte que esté obligada a conservarlas conforme a los artículos 85 y 86 deberá adoptar medidas razonables para venderlas. En la medida de lo posible deberá comunicar a la otra parte su intención de vender.

3. La parte que venda las mercaderías tendrá derecho a retener del producto de la venta una suma igual a los gastos razonables de su conservación y venta. Esa parte deberá abonar el saldo a la otra parte.

PARTE IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 89

El Secretario General de las Naciones Unidas queda designado depositario de la presente Convención.

Artículo 90

La presente Convención no prevalecerá sobre ningún acuerdo internacional ya celebrado o que se celebre que contenga disposiciones relativas a las materias que se rigen por la presente Convención, siempre que las partes tengan sus establecimientos en Estados Partes en ese acuerdo.

Artículo 91

1. La presente Convención estará abierta a la firma en la sesión de clausura de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y permanecerá abierta a la firma de todos los Estados en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, hasta el 30 de septiembre de 1981.

2. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados signatarios.

3. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados que no sean Estados signatarios desde la fecha en que quede abierta a la firma.

4. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 92

1. Todo Estado Contratante podrá declarar en el momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión que no quedará obligado por la Parte II de la presente Convención o que no quedará obligado por la Parte III de la presente Convención.

2. Todo Estado Contratante que haga una declaración conforme al párrafo precedente respecto de la Parte II o de la Parte III de la presente Convención no será considerado Estado Contratante a los efectos del párrafo 1 del artículo 1° de la presente Convención respecto de las materias que se rijan por la Parte a la que se aplique la declaración.

Artículo 93

1. Todo Estado Contratante integrado por dos o más unidades territoriales en las que, con arreglo a su constitución, sean aplicables distintos sistemas jurídicos en relación con las materias objeto de la presente Convención podrá declarar en el momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión que la presente Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o sólo a una o varias de ellas y podrá modificar en cualquier momento su declaración mediante otra declaración.

2. Esas declaraciones serán notificadas al depositario y en ellas se hará constar expresamente a qué unidades territoriales se aplica la Convención.

3. Si, en virtud de una declaración hecha conforme a este artículo, la presente Convención se aplica a una o varias de las unidades territoriales de un Estado Contratante, pero no a todas ellas, y si el establecimiento de una de las partes está situado en ese Estado, se considerará que, a los efectos de la presente Convención, ese establecimiento, no está en un Estado Contratante, a menos que se encuentre en una unidad territorial a la que se aplique la Convención.

4. Si el Estado Contratante no hace ninguna declaración conforme al párrafo 1° de este artículo, la Convención se aplicará a todas las unidades territoriales de ese Estado.

Artículo 94

1. Dos o más Estados Contratantes que, en las materias que se rigen por la presente Convención, tengan normas jurídicas idénticas o similares podrán declarar, en cualquier momento, que la Convención no se aplicará a los contratos de compraventa ni a su formación cuando las partes tengan a los establecimientos en esos Estados. Tales declaraciones podrán hacerse conjuntamente o mediante declaraciones unilaterales recíprocas.

2. Todo Estado Contratante que, en las materias que se rigen por la presente Convención, tenga normas jurídicas idénticas o similares a las de uno o varios Estados no contratantes podrá declarar, en cualquier momento, que la Convención no se aplicará a los contratos de compraventa ni a su formación cuando las partes tengan sus establecimientos en esos Estados.

3. Si un Estado respecto del cual se haya hecho una declaración conforme al párrafo precedente llega a ser ulteriormente Estado Contratante, la declaración surtirá los efectos de una declaración hecha con arreglo al párrafo 1° desde la fecha en que la Convención entre en vigor respecto del nuevo Estado Contratante, siempre que el nuevo Estado Contratante suscriba esa declaración o haga una declaración unilateral de carácter recíproco.

Artículo 95

Todo Estado podrá declarar en el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión que no quedará obligado por el apartado b) del párrafo 1° del artículo 1° de la presente Convención.

Artículo 96

El Estado Contratante cuya legislación exija que los contratos de compraventa se celebren o se prueben por escrito podrá hacer en cualquier momento una declaración conforme al artículo 12 en el sentido de que cualquier disposición del artículo 11, del artículo 29 o de la Parte II de la presente Convención que permita que la celebración, la modificación o, la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa, o la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención, se hagan por un procedimiento que no sea por escrito no se aplicará en el caso de que cualquiera de las partes tenga su establecimiento en ese Estado.

Artículo 97

1. Las declaraciones hechas conforme a la presente Convención en el momento de la firma estarán sujetas a confirmación cuando se proceda a la ratificación, la aceptación o la aprobación.

2. Las declaraciones y las confirmaciones de declaraciones se harán constar por escrito y se notificarán formalmente al depositarlo.

3. Toda declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor de la presente Convención respecto del Estado de que se trate. No obstante, toda declaración de la que el depositario reciba notificación formal después de tal entrada en vigor surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis meses contados desde la fecha en que haya sido recibida por el depositario. Las declaraciones unilaterales recíprocas hechas conforme al artículo 94 surtirán efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis meses contados desde la fecha en que el depositario haya recibido la última declaración.

4. Todo Estado que haga una declaración conforme a la presente Convención podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación formal hecha por escrito al depositario. Este retiro surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis meses contados desde la fecha en que el depositario haya recibido la notificación.

5. El retiro de una declaración hecha conforme al artículo 94 hará ineficaz, a partir de la fecha en que surta efecto el retiro, cualquier declaración de carácter recíproco hecho por otro Estado conforme a ese artículo.

Artículo 98

No se podrán hacer más reservas que las expresamente autorizadas por la presente Convención.

Artículo 99

1. La presente Convencsión entrará en vigor, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6° de este artículo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de doce meses contados desde la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, incluido todo instrumento que contenga una declaración hecha conforme al artículo 92.

2. Cuando un Estado ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera a ella, después de haber sido depositado el décimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la Convención, salvo la parte excluida, entrará en vigor respecto de ese Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6° de este artículo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de doce meses contados desde la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

3. Todo Estado que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera a ella, y que sea parte en la Convención relativa a una ley uniforme sobre la formación de contratos para la venta internacional de mercaderías hecha en La Haya el 1° de julio de 1964 (Convención de La Haya sobre la formación de 1964) o en la Convención relativa a una ley uniforme sobre la venta internacional de mercaderías hecha en La Haya el l° de julio de 1964 (Convención de La Haya sobre la venta, de 1964), o en ambas Convenciones, deberá denunciar al mismo tiempo, según el caso, la Convención de La Haya sobre la venta, de 1964, la Convención de La Haya sobre la formación, de 1964, o ambas Convenciones, mediante notificación al efecto al Gobierno de los Países Bajos.

4. Todo Estado parte en la Convención de La Haya sobre la venta, de 1964, que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera a ella, y que declare o haya declarado conforme al artículo 92 que no quedará obligado por la Parte II de la presente Convención denunciará en el momento de la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión la Convención de La Haya sobre la venta, de 1964, mediante notificación al efecto al Gobierno de los Países Bajos.

5. Todo Estado Parte en la Convención de La Haya sobre la formación, de 1964, que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera a ella, y que declare o haya declarado conforme al artículo 92 que no quedará obligado por la Parte III de la presente Convención denunciará en el momento de la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión la Convención de La Haya sobre la formación, de 1964, mediante notificación al efecto al Gobierno de los países bajos.

6. A los efectos de este artículo, las ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones y adhesiones formuladas respecto de la presente Convención por Estados partes en la Convención de La Haya sobre la formación, de 1964, o en la Convención de La Haya sobre la venta, de 1964, no surtirán efecto hasta que las denuncias que esos Estados deban hacer, en su caso, respecto de estas dos últimas Convenciones hayan surtido a su vez efecto. El depositario de la presente Convención consultará con el Gobierno de los Países Bajos como depositario de las Convenciones, de 1964, a fin de lograr la necesaria coordinación a este respecto.

Artículo 100

1. La presente Convención se aplicará a la formación del contrato sólo cuando la propuesta de celebración del contrato se haga en la fecha de entrada en vigor de la Convención respecto de los Estados Contratantes a que se refiera el apartado a) del párrafo 1° del artículo 1° o respecto del Estado Contratante a que se refiere el apartado b) del párrafo 1° del artículo 1° o después de la fecha.

2. La presente Convención se aplicará a los contratos celebrados en la fecha de entrada en vigor de la presente Convención respecto de los Estados Contratantes a que se refiere el apartado a) del párrafo 1° del artículo 1° o respecto del Estado Contratante a que se refiere el apartado b) del párrafo 1° del artículo 1°, o después de esa fecha.

Artículo 101

1. Todo Estado Contratante podrá denunciar la presente Convención, o su Parte II o su Parte III, mediante notificación formal hecha por escrito al depositarlo.

2. La denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de doce meses contados desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el depositario. Cuando en la notificación se establezca un plazo más largo para que la denuncia surta efecto, la denuncia surtirá efecto a la expiración de ese plazo, contado desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el depositario.

Hecha en Viena el día once de abril de mil novecientos ochenta, en un solo original, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos.

En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención.

I hereby certify that the
foregoing text is a true copy of
the United Nations Convention on
Contracts for the International
Sale of Goods, concluded at
Vienna on 11 april 1980, the
original of which is deposited
with the Secretary-General of the
United Nations, as the said Convention
was opened for signature.
For the Secretary-General,
The Legal Counsel:

Je certifie que le texte qui
précede est une copie conforme de
la Convention des Nations Unies sur
les contrats de vente internationale
de marchandises, conclue á Vienne le
pe11 averil, 1980, dont l'original se
trouve déposé auprés du
Secrétaire général de 1'organisation
des Nations Unies telle que ladite
Padite Convention a áté ouverte é la signature.
Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique:

Carl-August Fleischhauer.

United Nations, New York Organisation des Nations Unies
6 july 1988 New York, le 6 juillet 1988

La Suscrita Jefe Encargada de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores,

HACE CONSTAR:

Que la presente es fiel fotocopia tomada del texto certificado de la "Convención de las Naciones Unidas Sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías", hecha en Viena el once (11) de abril de mil novecientos ochenta (1980), que reposa en los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.

Dada en Santa Fe Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete (1997).

La Jefe Oficina Jurídica (E.),

Astrid Valladares Martínez.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Santa Fe de Bogotá, D.C., 28 de diciembre de 1995

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Ernesto Samper Pizano.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Rodrigo Pardo García-Peña.

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase la "Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa Internacional de Mercaderías", hecha en Viena el once (11) de abril de mil novecientos ochenta (1980).

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la "Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías", hecha en Viena el once (11) de abril de mil novecientos ochenta (1980), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfecciona el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Fabio Valencia Cossio.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Manuel Enríquez Rosero.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Emilio Martínez Rosales.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Gustavo Bustamante Moratto.

REPUBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y publíquese.

Ejecútese previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 4 de agosto de 1999.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

El Ministro del Interior Encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Néstor Humberto Martínez Neira.


FOOTNOTES

* Abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialista en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana. Magister en Derecho Europeo Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid.

** Abogado y Especialista en Derecho Comercial del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Magister en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana. Magister en Derecho Europeo Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor de Derecho Internacional Privado de la Pontificia Universidad Javeriana.

1. Tal como lo señala el numeral 1 del artículo 1 de la Convención.

2. El artículo 6 de la Convención permite a las partes excluir su aplicación, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos.

3. Previsión contenida en la letra b) del numeral 1º del artículo 1 de la Convención.

4. Tenemos el pleno convencimiento de que éste esfuerzo académico es un punto de partida para la elaboración de ensayos, tesis de grado, monografías, trabajos, etc., en los que seguramente se abordarán aspectos puntuales de nuestro ordenamiento jurídico frente a la normatividad internacional expuesta, al igual que frente a los principios de UNIDROIT, por vía de referencia.

5. El texto del proyecto y su exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso número 455 del 31 de octubre de 1997.

6. Sentencia C-529/2000 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, del 10 de mayo de 2000, pág. 6.

7. Curiosamente, huelga señalarlo, en esa sesión, televisada para todo el país, en vista de que se celebraba uno de los debates del tristemente célebre asunto Dragacol, se pudo apreciar cómo con soslayo y de manera desapercibida se aprobaba a pupitrazo limpio uno de los instrumentos que tendrá mayor trascendencia en la vida jurídica nacional. Con todo, el registro televisivo queda como constancia de la desteñida actuación parlamentaria respecto del debate aprobatorio del proyecto de ley, así el propósito de fondo que lo motivó, en últimas e infortunadamente, no haya quedado impreso en la magra memoria de la Nación, tal como siempre ocurre respecto de los sucesivos actos de corrupción que nos han asolado sin misericordia en estos últimos años.

8. Véase, ALVAREZ LONDOÑO, LUIS FERNANDO, S.J. Derecho Internacional Público. Estudios de Derecho Internacional 2. Pontificia Universidad Javeriana. Ciencias Jurídicas. Santafé de Bogotá: Centro Editorial Javeriano, CEJA, 1998, pág. 72.

9. Ibidem, pág. 73.

10. Expediente Nº LAT-154. Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell. No sobra comentar, dentro del trámite de la revisión constitucional correspondiente, la pobreza conceptual de las intervenciones de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Económico, generando sorpresa, asimismo, el silencio guardado por el Ministerio de Comercio Exterior y por la Cámara de Comercio de Bogotá sobre el particular. Por el contrario, el concepto del Ministerio Público sí reflejó en su exacta dimensión la importancia del tema.

11. OVIEDO ALBAN, JORGE; URBINA GALIANO, LIZA & POSADA NUÑEZ, LAURA. La formación del contrato en los principios de UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales (Comparación con las normas colombianas). En: Universitas, Nº 96, junio-1999, Santafé de Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, pág. 174. Los autores hacen una breve reseña de UNIDROIT.

12. Véase HONNOLD, JOHN O. Derecho Uniforme sobre Compraventas Internacionales (Convención de las Naciones Unidas de 1980). Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho Reunidas S.A., 1987, pág 71. Véase también ENDERLEIN, FRITZ y MASKOW, DIETRICH. International Sales Law. United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods. Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods. New York: Oceana Publications, Inc., 1992.

13. Curiosamente, Colombia fue el único país latinoamericano acreditado en esta conferencia diplomática celebrada en La Haya en 1964.

14. HONNOLD, op, cit, pág. 71.

15. United Nations Commission for International Trade Law.

16. HONNOLD, op, cit, pág. 72

17. Ibidem, pág. 76.

18. Sorprende la ausencia de Colombia en esta conferencia diplomática celebrada en Viena en 1980, lo cual podría explicar, de alguna manera, las razones por las cuales solamente ahora, casi cuatro lustros después de su alumbramiento, el país viene a aprobar la Convención.

19. Entre otras, el Banco Mundial, el Consejo de Europa, la Comunidad Económica Europea, la Cámara de Comercio Internacional, UNIDROIT, la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado.

20. HONNOLD, op, cit, pág. 78. El autor, quien se desempeñó como Secretario de la Comisión entre 1969 y 1974, afirma que si bien es cierto que la Convención fue votada por el plenario, artículo por artículo, una vez "...presentada como una unidad, fue aprobada por unanimidad tras pasar lista uno por uno a los votantes...", acotando en la nota de pie de página correspondiente (Nº 14) que "...En la última votación sobre la Convención en su conjunto, 42 Estados votaron a favor, nadie votó en contra y hubo 9 abstenciones...".

21. Arabe, chino, inglés, francés, ruso y español. Véase SIERRALTA RIOS, ANIBAL & OLAVO BAPTISTA, LUIZ. Aspectos Jurídicos del Comercio Internacional. Tercera Edición. Santafé de Bogotá: Editorial Temis, 1998, pág. 71, quienes sostienen que "...bastaría la cita en cualquiera de dichos idiomas para que la misma...(la Convención)...sea considerada válida en toda su extensión...".

22. Destacamos los siguientes Estados: Argentina, Chile y Ecuador; Cuba; Canadá, Estados Unidos de América y México; Alemania, España, Francia, Holanda e Italia; así como la Federación Rusa y China. Si bien es cierto que Venezuela la suscribió desde el 28 de septiembre de 1981, todavía no la ha ratificado. Ni Brasil ni Perú la han aprobado, todavía. Tampoco el Reino Unido ni Japón.

23. Véase FERNANDEZ DE LA GANDARA, LUIS & CALVO CARAVACA, ALFONSO-LUIS. Derecho Mercantil Internacional. Madrid: Editorial Tecnos, S.A., 1995, pág. 566.

24. Ibidem, pág. 566. Los autores ibéricos señalan que por compraventa se entiende "...el contrato sinalagmático en virtud del cual una parte entrega a otra la propiedad de una mercancía a cambio del pago de un precio o, si se prefiere una definición más precisa, aquel contrato que tiene por causa el intercambio de medios de pago usuales generalmente aceptados y la transmisión y apropiación de bienes...".

25. Véase GARRO, MIGUEL ALEJANDRO & ZUPPI, ALBERTO LUIS. Compraventa internacional de mercaderías. Buenos Aires: Ediciones La Rocca, 1990, pág. 78. Explican los autores argentinos que "...En lugar de individualizar el objeto del contrato como 'cosas corporales muebles'...la Convención emplea el término menos técnico pero más llano de 'mercaderías'. El art. 2° no especifica qué se debe entender por 'mercaderías', limitándose a proveer una lista de aquellos objetos que no son considerados como mercaderías a los fines de determinar el ámbito de aplicación de la Convención...". Y continúan, cuestionando si a la compraventa de cosas corporales muebles adheridas a un inmueble también se aplica la Convención, trayendo a colación, en la muy ilustrativa nota de pie de página número 11, las soluciones de las legislaciones civiles de Argentina, Brasil y Uruguay. Para FERNANDEZ DE LA GANDARA & CALVO CARAVACA, op, cit, pág. 567, "...Son mercancías, a efectos de la Convención, las cosas corporales de naturaleza mueble de todo tipo, como, por ejemplo, automóviles, maquinaria, programas de ordenador, fruta o libros...".

26. FERNANDEZ DE LA GANDARA & CALVO CARAVACA, op, cit, pág. 566.

27. Ibidem, pág, 567.

28. Primera parte del numeral 1º del artículo 3 de la Convención.

29. GARRO & ZUPPI, op, cit, págs. 72 a 75.

30. Véase HONNOLD, op, cit, pág. 79, quien al explicar las razones para la exclusión de las transacciones internas, sostiene: "...Fue necesario limitar las normas de compraventas a las transacciones internacionales, ya que estas normas forman parte de una Convención designada para la adopción universal...". En el mismo sentido, FERNANDEZ DE LA GANDARA & CALVO CARAVACA, op, cit, pág. 568, quienes manifiestan: "...Disponiéndolo así se quiso simplificar en aras de su aceptación...(de la Convención)..., pensando que los Estados estarían más dispuestos a vincularse por ella y su difusión sería mayor...". Y añaden en la nota de pie de página Nº 16 del Capítulo VIII, siguiendo a M.J. BONELL, que la internacionalidad de la Convención "...fue objeto de crítica desde un doble ángulo. Se reprochó la heterogeneidad de la misma categoría de compraventa internacional, separada de la interna, en un mundo en el que los procesos de integración económica e interdependencia empujan a la desaparición de la línea divisoria o, cuando menos, a la pérdida de nitidez de la distinción. Se censuró asimismo los concretos criterios empleados por la Convención para delimitar los contratos internacionales de compraventa, que estarían -según este punto de vista- lejos de ser satisfactorios...".

31. Sobre el carácter internacional del contrato a la luz de los principios de UNIDROIT, véase OVIEDO ALBAN, JORGE. Los principios de UNIDROIT para los contratos comerciales internacionales (Su importancia en la armonización y unificación del Derecho Privado). En: Universitas, Nº 100, diciembre-2000, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, págs. 144 y 145.

32. Última frase del primer párrafo del numeral 1º del artículo 1 de la Convención.

33. Numeral 3º del artículo 1 de la Convencion.

34. Numeral 3º del artículo 1 de la Convención. Véase, infra, nota de pie número 57.

35. GARRO & ZUPPI, op, cit, págs. 88 y 89. Los doctrinarios sostienen que "…el término 'establecimiento' es ambiguo, no sólo en español sino también en inglés (place of business) y francés (établissement). Pese a que varias delegaciones insistieron para que la Convención defina o califique este concepto, la propuesta no tuvo éxito…". Desde una óptica esencialmente comercialista véase GARRIGUES, JOAQUIN. Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Séptima Edición. Madrid: Imprenta Aguirre, 1976, pág. 206, al puntualizar que "…De quien comienza la explotación de un negocio mercantil se dice que 'se establece'. La empresa comercial se llama también 'establecimiento'. Tiene, pues, esta palabra un doble significado: como acto -el acto de establecerse, es decir, de dedicarse a una actividad estable, en armonía con la permanencia de la emrpesa a pesar del cambio de sus elementos- y como lugar donde habitualmente se ejerce una industria mercantil. Mas no puede identificarse el establecimiento con la empresa. Esta es un organismo de producción vivo, dinámico. El establecimiento es la base inerte, estática de esa organización…".

36. HONNOLD, op, cit, pág. 103. El autor lo define como "...un lugar permanente y regular para tramitar negocios generales y no se incluirá un lugar de residencia temporal ad hoc para el tiempo que duren las negociaciones...". De igual forma, se asimila el establecimiento a "...toda instalación de una cierta duración, estabilidad y con determinadas competencias para dedicarse a los negocios...", según la definición dada por D. Martiny en Wiener Einheitskaufrecht Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.4.1980. En: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2ª. ed., vol 7., München, 1990, pág. 1647, citado por FERNANDEZ DE LA GANDARA & CALVO CARAVACA, op, cit, pág. 570.

37. Letra a) del artículo 10 de la Convención.

38. Numeral 2º del artículo 1 de la Convención.

39. Letra a) del numeral 1º del artículo 1 de la Convención.

40. Letra b) del numeral 1º del artículo 1 de la Convención.

41. Numeral 2º del artículo 92 de la Convención.

42. Numeral 1º del artículo 93 de la Convención.

43. Numeral 3º del artículo 93 de la Convención.

44. Véase FERNANDEZ DE LA GANDARA & CALVO CARAVACA, op, cit, pág. 573.

45. Artículo 94 de la Convención.

46. Ibidem. Esta fue una reserva introducida por los Estados nórdicos, en donde existe una codificación regional entre ellos sobre el particular.

47. Véase CALVO CARAVACA, ALFONSO LUIS. Comentario al artículo 95 de la Convención de Viena. En: La Compraventa Internacional de Mercaderías. Comentario de la Convención de Viena. Diez-Picazo y Ponce de León, Luis (Dir.). Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1998, pág. 720. Afirma el destacado iusprivatista e internacionalista español que "...El artículo 95 de la Convención de Viena tiene su origen en una propuesta de la delegación de Checoslovaquia, país en el que estaba vigente el Código de Comercio exterior de 1963...Otros países, en particular los Estados Unidos y China, se han acogido también a esta reserva...". En el mismo sentido, FERNANDEZ DE LA GANDARA & CALVO CARAVACA, op, cit, pág. 580. Igualmente, véase GARRO & ZUPPI, op, cit, págs. 93 y 94, quienes señalan que "…Tanto la Asociación Americana de Abogados (American Bar Association) como el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos pidieron al Senado que la Convención sea ratificada bajo la reserva permitida por el art. 95…", abundando en consideraciones sobre el particular en la muy ilustrativa nota de pie de página número 30.

48. FERNANDEZ DE LA GANDARA & CALVO CARAVACA, op, cit, pág. 579. Los autores, además de compartir el criterio, se apoyan en el autorizado comentario de R. HERBER.

49. Ibidem, págs. 579 y 581. Los autores ibéricos, no obstante recordar que la complejidad de las reservas de las Convenciones de La Haya de 1964 fue una de las causas que las llevaron al fracaso, asimismo juzgan que la valoración sobre el particular hecha por los autores de la Convención de Viena de 1980 debe tenerse como "…parte del precio a pagar por el éxito del texto que estaban elaborando…".

50. Ibid, pág. 574. "…Aunque la reglamentación que establece tiene carácter dispositivo, su normativa es,…, Derecho directamente aplicable (unmittelbar geltendes Recht). La Convención de Viena es aplicable como lex fori con exclusión de las normas de Derecho internacional privado: El juez del foro tiene que aplicarla, al margen de lo que, en ausencia de Derecho convencional, hubiera dispuesto el sistema conflictual de su Derecho internacional privado autónomo. Es más, el juez del foro debe aplicar las disposiciones de la Convención como Derecho propio y no como Derecho extranjero…".

51. Ibid, pág. 593.

52. Numeral 1) del artículo 9 de la Convención.

53. Numeral 2) del artículo 9 de la Convención.

54. FERNANDEZ DE LA GANDARA & CALVO CARAVACA, op, cit, pág. 593.

55. Las prácticas son conductas anteriores de las partes que generan una expectativa subjetiva de su continuidad. Véase al respecto FERNANDEZ DE LA GANDARA & CALVO CARAVACA, op, cit, pág. 592.

56. Letra a) del artículo 2 de la Convención.

57. Véase, supra, nota de pie número 34.

58. GARRO & ZUPPI, op, cit, pág. 80.

59. HONNOLD, op, cit, págs. 108 y 109.

60. Letra b) del artículo 2 de la Convención.

61. Letra c) del artículo 2 de la Convención.

62. HONNOLD, op, cit, pág. 109.

63. Ibidem, pág. 109. Véase también GARRO & ZUPPI, op, cit, págs. 93, quienes señalan que existen además consideraciones de orden público en la elaboración de estas regulaciones.

64. HONNOLD, op, cit, pág. 110. En la versión inglesa, la letra d) del artículo 2 de la Convención expresamente señala que la Convención no se aplica a compraventas "…d) of stocks, shares, investment securities, negotiable instruments or money…".

65. Ibidem, pág. 110.

66. Letra e) del artículo 2 de la Convención.

67. Letra f) del artículo 2 de la Convención.

68. GARRO & ZUPPI, op, cit, pág. 80.

69. Numeral 1) del artículo 7 de la Convención.

70. 70 FERNANDEZ DE LA GANDARA & CALVO CARAVACA, op, cit, págs. 615 y 616. "…En cierta medida, por consiguiente, no sería al menos totalmente inexacto afirmar que la uniformidad de la aplicación de la Convención de Viena de 1980 es una mera secuela de su interpretación conforme a unos mismos criterios hermenéuticos -internacionales- o que, entre uno y otro criterio interpretativo, hay una perfecta sinonimia…".

71. Ibidem, págs. 610 y 611.

72. Distintas posiciones suministra la doctrina sobre tal posibilidad, en la medida en que alguna parte de la misma considera que sólo puede acudirse al Convenio de 1969 para interpretar aspectos relacionados con las obligaciones de los Estados Contratantes y no de las partes en el contrato de compraventa (Honnold y un sector de la doctrina germánica), mientras que otros (Calvo Caravaca y Fernández de la Gándara) creen que los principios del Convenio de 1969 y la Convención de 1980 no son de contraposición sino de complementariedad.

73. Véase HONNOLD, op, cit, págs. 149 y ss. Refiere el señor Secretario de la Comisión designada por UNCITRAL que "…El profesor André Tunc determinó que esta norma era indispensable…".

74. Numeral 1) del artículo 8 de la Convención.

75. Numeral 2) del artículo 8 de la Convención.

76. HONNOLD, op, cit, pág. 167.

77. Numeral 3) del artículo 8 de la Convención.

78. En relación con el tema de la formación del contrato véase el completísimo estudio de la profesora española de la Universidad Carlos III de Madrid, PERALES VISCASILLAS, María del Pilar. La Formación del Contrato en la compraventa internacional de mercaderías. Valencia: Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, Tirant lo Blanch, 1996. En nuestro entorno y respecto de la oferta en los Principios de UNIDROIT, véase OVIEDO ALBAN, JORGE; URBINA GALIANO, LIZA & POSADA NUÑEZ, LAURA, op, cit, págs. 194 a 207.

79. GARRO & ZUPPI, op, cit, pág. 104.

80. Ibidem, pág. 107.

81. Ibid, pág. 107. Los connotados autores argentinos, respecto de la teoría del "mail box" o "post box" resaltan en la nota de pie Nº 10 que el leading case fue el de Adams vs. Lindsell--(1818), B & Ald. 681, 106 Eng. Rep. 250--, en el que "…se determinó que el contrato no se perfecciona al momento de la recepción de la aceptación sino cuando el aceptante deposita su respuesta en el correo…". Véase también HONNOLD, op, cit, pág. 192, quien, además del leading case, en la nota de pie Nº 3, destaca el asunto Dunlop vs. Higgins--(1848), 1 H.L.C. 381, 9 Eng. Rep. 805-- como caso famoso sobre el particular.

82. GARRO & ZUPPI, op, cit, pág. 107. "…El riesgo impuesto por la demora o la pérdida de la comunicación es soportado por el oferente ("A") si el aceptante expidió la aceptación por un medio expresa o tácitamente aceptado por el oferente. Esta es la llamada teoría de la expedición o, como se denomina en el mundo angloamericano, la regla del buzón (mailbox rule)...".

83. GARRO & ZUPPI, op, cit, pág. 104. La irrevocabilidad de la oferta por la simple señalización de un plazo fijo para la aceptación fue una cuestión arduamente discutida en el seno de UNCITRAL.

84. Ibidem, pág 117. "…Esta excepción esta basada en la protección de la buena fe - creencia (reliance), principio muy caro al sistema del Common Law…" .

85. Respecto de la 'aceptación' en los Principios de UNIDROIT, véase OVIEDO ALBAN, JORGE; URBINA GALIANO, LIZA & POSADA NUÑEZ, LAURA, op, cit, págs. 208 a 215.

86. Ibidem, pág. 123. Véase también HONNOLD, op, cit, págs. 216 a 222.

87. GARRO & ZUPPI, op, cit, pág. 123. El silencio del oferente ante la modificación insustancial del aceptante se entiende como una aceptación tácita de las mismas. Esto se desprende del espíritu mismo de la Convención según lo dispuesto en el artículo 19 numeral 2º: "…No obstante, la respuesta a una oferta que pretenda ser una aceptación y que contenga elementos adicionales o diferentes que no alteren substancialmente los de la oferta constituirá aceptación a menos que el oferente, sin demora injustificada, objete verbalmente la discrepancia o envíe una comunicación en tal sentido. De no hacerlo así, los términos del contrato serán los de la oferta con las modificaciones contenidas en la aceptación…"

88. En America Latina el tratamiento de este tema tiene diferentes soluciones a las planteadas en la Convención de Viena; es así como en Argentina en el Código Civil se consagra que cualquier modificación a la oferta inicial es considerada una contraoferta al momento en que el oferente de su aquiescencia sobre la misma. A su vez en la legislación mexicana también se establece el mismo principio, al igual que el ordenamiento brasilero.

89. Numeral 1) del artículo 16 de la Convención.

90. Artículo 17 de la Convención.

91. Numeral 2) del artículo 18 de la Convención.

92. Con todo, deben conjugarse estos conceptos con las normas que de alguna manera, en razón de su propio ámbito material, se relacionan con la formación del contrato, p. ej. la Ley 527 de agosto 18 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones, en especial sus artículos 14, 23 y 24. Asimismo, sobre ese particular véase REYES VILLAMIZAR, FRANCISCO. Respuesta a los obstáculos jurídicos existentes en América Latina para el Comercio Electrónico. Comercio Electrónico. Desarrollos Jurídicos recientes en Colombia. En: Universitas, Nº 97, diciembre-1999, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, págs, 187 y 188.

93. RODRIGUEZ FONNEGRA, JAIME. Del Contrato de Compraventa y Materias Aledañas. Bogotá: Ediciones Lerner, 1960, pág. 591. Según el connotado tratadista colombiano, "...La principal de las obligaciones del vendedor, cuya falta determinaría que no hubiese compraventa, es la de hacer al comprador la tradición de lo vendido: los vocablos de tradición y entrega son sinónimos en el lenguaje del Código (Civil),... y ya con el uno o ya con el otro se denota el acto voluntario que a ser válido constituye el pago de la obligación de dar, con el cual se pone fin a la posesión del tradente y la del adquirente empieza...".

94. GARRO & ZUPPI, op, cit, pág. 146.

95. Letra a) del artículo 31 de la Convención.

96. GARRO & ZUPPI, op, cit, pág. 148. "...Una encuesta realizada por la Cámara de Comercio Internacional (...) ha demostrado que en la mayoría de los contratos internacionales existe una gran variedad de lugares situados entre el establecimiento del vendedor y del comprador que pueden ser considerados como "lugar de entrega" de las mercaderías: la estación de carga de transporte ferroviario, el embarcadero o desembarcadero de un puerto, etc...".

97. Artículo 33 de la Convención.

98. GARRO & ZUPPI, op, cit, pág. 152. Los autores siguiendo la obra de ESPINOSA, C.A. "La Ley Uniforme sobre la venta internacional de objetos mobiliarios según la Convención de La Haya del 1º de julio de 1964", en la nota de pie de página número 14 del capítulo VI, refieren que "…A modo de ejemplo, el artículo 6, parr 2 de las Régles et usages de l' Union européenne du commerce de gros des pommes de terre, reza: El vendedor debe entregar en los plazos siguientes, computados en días laborables después de la recepción de las instrucciones de expedición del comprador a) en caso de "entrega sin plaza" el mismo día; b) en caso de "entrega inmediata" en tres días; c) en caso de "entrega disponible" en seis días; d) en caso de "entrega en época determinada", el vendedor tiene derecho a entregar la totalidad en día cualquiera entre el primero y último del plazo; e) en caso de "entregas escalonadas en época determinada" se harán en partes sensiblemente iguales a intervalos sensiblemente iguales dentro del período convenido. En cambio en las Conditions générales pour la fourniture á l'exportation des matériels d'equipement, establecidas bajo los auspicios de la Comisión Económica para Europa de la Organización de las Naciones Unidas, se estatuye que a falta de plazo contractual, cualquiera de las partes puede intimar por escrito a la otra para convenir un plazo fijo al vencimiento de un período de seis meses contados desde la formación del contrato…".

99. Infra, véase numeral 4) de las obligaciones del vendedor.

100. MORALES MORENO, ANTONIO MANUEL. Comentario al artículo 35 de la Convención de Viena. En: La Compraventa Internacional de Mercaderías. Comentario de la Convención de Viena. Diez-Picazo y Ponce de León, Luis (Dir.). Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1998, pág. 287. Señala el ilustre catedrático ibérico que "...La conformidad consiste en la adecuación material de las mercaderías con las que el vendedor pretende cumplir a las exigencias del contrato y de la propia Convención…".

101. MORALES MORENO, op, cit, págs. 289 y 295. "...Como es sabido, el problema que implica la falta de conformidad material suele incidir en los ordenamientos continentales en el supuesto de hecho de diferentes figuras, con acciones o remedios distitnos y concurrentes. Tales figuras, aunque tiendan a coincidir, no son siquiera las mismas en todos los ordenamientos. A modo de ejemplo, señalemos las siguientes: el error, el dolo, el saneamiento por vicios ocultos, la ausencia de cualidades aseguradas, el aliud pro alio…VIII. Falta de conformidad y aliud pro alio. En el Derecho español, como en otros ordenamientos, se habla de aliud pro alio para indicar que el objeto con el que pretende cumplir el vendedor no es el objeto pactado, sino un objeto diferente...".

102. Artìculo 51 de la Convención.

103. Artículo 140 del Código de Comercio de Venezuela

104. RODRIGUEZ FONNEGRA, op, cit, pág. 884. "...se enuncia allí en la norma del artículo 1915 numeral 2º del C.C.)...como corolario de no servir ella para su uso natural, o de sólo servir imperfectamente, según aparece en la diáfana locución que empieza con el modo adverbial 'de manera que'...".

105. Artículo 30: "…El vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con aquéllas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente Convención…" (Negrillas fuera de texto).

106. Véase sobre el particular el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, aprobado en Colombia mediante Ley 32 de 1987 y promulgado mediante Decreto 1042 de 24 de mayo de 1994.

107. Véase SIERRALTA RIOS & OLAVO BAPTISTA, op, cit, págs. 119 a 123.

108. Artículo 66 de la Convención.

109. Numeral 1) del artículo 67 de la Convención.

110. Numeral 2) del artículo 67 de la Convención.

111. Artículo 68 de la Convención.

112. Artículo 35 "....2) Salvo que las partes hayan pactado otra cosa, las mecaderías no serán conformes al contrato a menos: a) que sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinan mercaderías del mismo tipo; b) que sean aptas par cualquier uso especial que expresa o tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato, salvo que de las circunstancias resulte que el comprador no confió, o no era razonable que confiara, en la competencia y el juicio del vendedor....."

113. Artículo 184 del Código Suizo.

114. RODRIGUEZ FONNEGRA, op, cit, pág 919, para quien el pago del precio "...es la primaria de las obligaciones del comprador...".

115. Código de Comercio Uniforme de Estados Unidos, Ley de Ventas Inglesa, Ley Uniforme de Ventas de los Países Escandinavos.

116. Artículo 55 de la Convención: "…Cuando el contrato haya sido válidamente celebrado pero en él ni expresa ntácitamente se haya señalado el precio o estipulado un medio para determinarlo, se considerará, salvo indicación en contario, que las partes han hecho referencia implícitamente al precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato por tales mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes, en el tráfico mercantil de que se trate…".

117. HONNOLD, op, cit, págs. 186 a 188.

118. Artículos 1354 del Código Civil Argentino, 458 del Código de Comercio Argentino, 1666 del Código Civil Uruguayo, 523 del Código de Comercio Uruguayo y 920 del Código de Comercio Colombiano.

119. Artículos 1479 del Código Civil Venezolano, 1123 y 1124 del Código Civil Brasileño.

120. Artículo 54 de la Convención.

121. CABANILLAS SANCHEZ, ANTONIO. Comentario al artículo 54 de la Convención. En: La Compraventa Internacional de Mercaderías. Comentario de la Convención de Viena. Diez-Picazo y Ponce de León, Luis (Dir.). Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1998, págs. 465 y 466. "...Se trata de deberes accesorios de la prestación principal, el pago del precio, que tienen su fundamento, en última instancia, en la buena fe…Al establecer que el comprador ha de cumplir los requisitos fijados por las leyes o los reglamentos pertinentes, el artículo 54 alude principalmente a la normativa administrativa aplicable para que sea posible el pago...Han surgido algunas dudas sobre la configuración de la obligación que establece el artículo 54. Se afirma que en relación con las medidas de estricta naturaleza comercial (obtención de garantías bancarias, aceptación de letras de cambio, etc.), el comprador está obligado a garantizar su éxito. En cambio, no lo está en relación con las medidas dirigidas a la obtención de autorizaciones administrativas para realizar el pago (autorización oficial para la transferencia de divisas)...Las primeras son objeto de una auténtica obligación de resultado...mientras que las segundas son objeto de una obligación de medios o actividad...".

122. Artículo 43: "…1) El comprador perderá el derecho a invocar las disposiciones del artículo 41 o del artículo 42 si no comunica al vendedor la existencia del dercho o lapretensión del tercero, especificando su naturaleza, dentro de un plazo razonable a partir del momento en que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento de ella…"

"…2) El vendedor no tendrá derecho a invocar las disposiciones del párrafo precedente si conocía el derecho o la preensión del tercero y su naturaleza…"

123. GUARDIOLA SACARRERA, ENRIQUE. La Compraventa Internacional. Importaciones y Exportaciones. Barcelona: Bosch, Casa Editorial, S.A., 1994. págs. 131 y 132. Sostiene el autor que: "...Se aprecia en la sistemática seguida el claro propósito de favorecer prioritariamente la continuidad del contrato,..., dejando la resolución o rescisión de éste como medida excepcional para casos de extrema gravedad, dados los inconvenientes que la ruptura del vínculo contractual que entraña la resolución comporta en una operación internacional...". En el mismo sentido, HEUZE, VINCENT. La Vente Internationale de Marchandises. Droit Uniforme. Paris: GLN Joly Editions, 1992. pág. 310, cuando manifiesta: "...Toute la philosophie de la convention de Vienne est d'eviter, autant que faire se peut, que la résolution de la vente soit prononcée...". Finalmente, GARRO & ZUPPI, op, cit, pág. 145, citando a Farnsworth, uno de los delegados por los Estados Unidos de América, cuando se refiere a la tercera línea de la política legislativa de la Convención, denominada 'estabilización' cuyo objetivo es el de "…dotar de continuidad a la relación contractual, esto es, 'salvar' en lo posible el contrato en lugar de fomentar su rescisión…".

124. CHESHIRE, op, cit, págs. 539 y ss. "...Of what nature, then, must a breach be before it is to be called 'fundamental'? There are two alternative tests that may provide the answer. The court may find the decisive element either in the importance that the parties would seem to have attached to the term which has been broken or to the seriousness of the consequences that have in fact resulted from the breach...If one applies the first test the governing principle is that everything depends upon the construction of the contract in question. The court has to decide whether, at the time when the contract was made, the parties must be taken to have regarded the promise which has been violated as of major or of minor importance. In the words of Bowen LJ: There is no way of deciding that question except by looking at the contract in the light of the surrounding circumstances, and then making up one's mind whether the intention of the parties, as gathered from the instrument itself, will best be carried out by treating the promise as a warranty sounding only in damages, or as a condition precedent by the failure to perform which the other party is relieved of his liability ...". "... In the Australian case of Tramways Advertising Pty Ltd v Luna Park (NSW) Ltda, Jordan CJ said: The test of essentiality is whether it appears from the general nature of the contract considered as a whole, or form some particular term or terms, that the promise is of such importance to the promisee that he would not have entered into the contract unless he had beeen assured of a strict or substantial performance of the promise, as the case may be, and that this ought to have been apparent to the promisor ..." En el mismo sentido, véase también, ATIYAH, op, cit, pág. 303

125. GARRO & ZUPPI, op, cit, págs. 134 y 135. "...Queda claro entonces que la acción por resolución no puede prosperar si se basa en un incumplimiento nimio o baladí. Esta admisión limitada del derecho a la resolución del contrato coincide con una marcada tendencia en la legislación comparada a mantener en lo posible la vigencia del contrato. Se advierte una tendencia a satisfacer el interés de la parte cumplidora mediante un reajuste del precio de la cosa vendida o por intermedio de una indemnización de daños y perjuicios, evitándose en lo posible la resolución del contrato debido a los perjuicios económicos que resultan de una acción tan drástica. Esta política legislativa resulta, a nuestro juicio, particularmente adecuada al comercio internacional ...".

126. CODE CIVIL. Article 1.184. Paris: Éditions Dalloz, 1995. Ver también, CARBONNIER, Jean. Droit Civil. Tome 4. Les Obligations. 17e Édition. Paris: Presses Universitaires de France, 1993, págs. 342 y ss.

127. CODIGO CIVIL. Artículos 1.113 y 1.123. 6ª Edición. Madrid: Editorial Colex, 1993.

128. Ibidem, artículo 1.506.

129. Ibid, artículos 1.290 y ss. Véase GUARDIOLA SACARRERA, op, cit, pág. 131, para quien "... Los términos <resolución> y <rescisión> contractual deben considerarse sinónimos. La Convención solamente emplea el vocablo <resolución>, a diferencia de nuestro Derecho que utiliza ambos términos indistintamente ...".

130. CODICE CIVILE. Capo XIV. Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1994.

131. Ibidem, articolo 1.456.

132. Ibid, articoli 1.479, 1.480 e 1.493.

133. ATIYAH, P.S. An Introduction to the Law of Contract. Fifth Edition. Oxford: Clarendon Press, 1995, págs. 398 y ss. CLEMENTE MEORO, MARIO. La Resolución de los Contratos por Incumplimiento. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1992. pág. 4. Igualmente, véase el artículo 48 del Sale of Goods Act 1979.

134. ATIYAH, op, cit,, págs. 398 y ss.

135. CHESHIRE, FIFOOT & FURMSTON. Law of Contract. Twelfth Edition. London: Butterworths, 1991, pág. 528.

136. En el sentido que le otorga la Convención de Viena de 1980.

137. HONNOLD, op, cit. pág. 303.

138. Tal es el caso del Derecho Francés. Ver artículo 1.184 del Code Civil.

139. GUTIERREZ PRIETO, HERNANDO. El Análisis Económico del Derecho. Perspectivas para el Desarrollo del Derecho Económico. En: Universitas, Nº 100, diciembre-2000, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, pág. 40. El planteamiento expuesto por el profesor Gutiérrez, quien sigue la perspectiva de Ulen, en cuanto que, ad. ex, "… la medida de specific performance resulta ser más eficiente que el pago de perjuicios por incumplimiento …", podría ser una de las consecuencias de la libertad que la Convención de Viena de 1980 le otorga a los contratantes para resolver sus controversias.

140. GARRO & ZUPPI, op. cit. pág. 139.

141. Ibidem. pág. 140. Señala HONNOLD, en la versión inglesa de la segunda edición de su obra que: "... Article 26 does not require that the notice be given in writing but to avoid dispute a prompt written confirmation of an oral declaration seems advisable ...".

142. HONNOLD, op, cit, pág. 288. "... El procedimiento de notificación-resolución se aplica, pues, sólo a la falta de entrega ...". El autor a continuación explica las razones por las cuales en UNCITRAL se circunscribió a este evento el efecto del plazo suplementario, descartando cualquier referencia a la falta de conformidad de la mercaderías. Desde una visión comparada, véase el artículo en la www.cisg.law.pace.edu, de la estudiante de la Pace University School of Law in White Plains, New York, DIPALMA, MARYELLEN. Nachfrist under National Law, the CISG, and the UNIDROIT and European Principles: A Comparison. Adaption reproduced with permission of International Contract Adviser (Kluwer), Vol. 5, No. 1 (Winter 1999) 28-38, cuando expone que "… Although, as Fritz Enderlein and Dietrich Maskow state, 'the procedure envisaged by Article 47(1) has a certain parentage in the German procedure of Nachfrist and the French procedure of a mise en demeure, in its current form it does not partake of either one. In particular, the procedure envisaged by Article 47(1) is not mandatory' ...".

143. Ibidem, pág. 290.

144. Artículo 65 de la Convención. "… Si conforme al contrato correspondiere al comprador especificar la forma, las dimensiones u otras características de las mercaderías y el comprador no hiciere tal especificación en la fecha convenida o en un plazo razonable despúes de haber recibido un requerimiento del vendedor, éste podrá, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos que le correspondan, hacer la especificación él mismo de acuerdo con las necesidades del comprador que le sean conocidas …"

"… El vendedor, si hiciere la especificación el mismo, deberá informar de sus detalles al comprador y fijar un plazo razonable para que éste pueda hacer una especificación diferente. Sí después de recibir esa comunicación, el comprador no hiciera uso de esta posibilidad dentro del plazo así fijado, la especificación hecha por el vendedor tendrá fuerza vinculante …".

145. Artículo 81 numeral 1º de la Convención.

146. Ibidem.

147. HONNOLD, op, cit, pág. 444.

148. GARRO & ZUPPI, op, cit, págs. 207 y 208. Los tratadistas perfilan el tema en varias legislaciones latinoamericanas, sin llegar a profundizar, toda vez que la materia amerita un estudio mucho más especializado, tal como también lo anticipa Honnold en la página 450 de la obra tantas veces citada.

149. HONNOLD, op, cit, pág. 405. Asimismo, véase GARRO & ZUPPI, op, cit, pág. 206.

150. Artículo 75 de la Convención.

151. Artículo 76 de la Convención.

152. Artículo 78 de la Convención.

153. Véase HONNOLD, op, cit, pág. 421 y GARRO & ZUPPI, op, cit, pág. 215.


Pace Law School Institute of International Commercial Law - Last updated September 4, 2001
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