Mª del Pilar Perales Viscasillas

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extracto de

El CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL
DE MERCANCIAS (Convención de Viena de 1980)

Mª del Pilar Perales Viscasillas
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad Carlos III de Madrid

[...]

CAPITULO III. DISPOSICIONES GENERALES

Las disposiciones generales de la Convención se contienen en los artículos 7 a 13 CNUCCIM. Se trata de disposiciones que establecen principios generales aplicables a la Convención en su conjunto. En particular, se contienen reglas relativas a la jerarquía de fuentes, interpretación de la Convención y del contrato y valor de los usos y de las prácticas comerciales establecidas entre los contratantes.

140. Los principios de interpretación

Los principios de interpretación del texto uniforme son los mencionados en el párrafo 1º del artículo 7 CNUCCIM: carácter internacional, uniformidad en su aplicación y observancia de la buena fe. Efectivamente esa disposición señala que:

"En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional".

La inclusión de esta norma en el articulado de la Convención obedece al deseo de los redactores de evitar los peligros que supondría la aplicación del texto uniforme en países con ordenamientos jurídicos diferentes y, por consiguiente, con reglas de interpretación dispares. Se evitan así los peligros derivados de una aplicación al texto uniforme de las reglas interpretativas propias de un ordenamiento jurídico, que son inadecuadas para un texto de origen, elaboración, aplicación y aprobación en un foro internacional, lográndose de esta forma que no se destruya la uniformidad que se intenta conseguir en la aplicación de la Convención.[1] [2] Este art.7 CNUCCIM puede considerarse, sin duda alguna, como una pieza central en la Convención. Es además un precepto que puede considerarse clásico en este tipo de instrumentos internacionales.

141. Internacionalidad y uniformidad

De lo indicado en el apartado anterior se deriva que "tener en cuenta el carácter internacional de la Convención" significa necesariamente tener presente el marco internacional de aplicación y desenvolvimiento permanente de las normas del Derecho uniforme. De un lado, se ha de evitar la aplicación de las reglas interpretativas propias de un ordenamiento nacional y en consecuencia llevar a cabo una interpretación desvinculada, en la medida de lo posible, del significado propio y tradicional de los términos en los ordenamientos nacionales no uniformes,[3] a menos que exista un entendimiento común. Esto se comprende fácilmente, sobre todo, si se tiene en cuenta que la Convención es igualmente auténtica en seis idiomas, lo que conduce inexorablemente a evitar una interpretación de cada uno de sus términos no sólo según las diferentes lenguas, sino también en función del significado propio que les otorgan los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales. Debe advertirse que el lenguaje predominante en los negocios internacionales es el inglés, lo que dificulta la aprehensión por las partes de las especificidades y posibilidades conceptuales de un idioma no materno, particularmente cuando se trata de interpretar el texto uniforme y el lenguaje de uno de los contratantes o de ambos es uno no oficial de las Naciones Unidas.[4]

142. Buena fe

El último de los elementos a tener en cuenta en la interpretación de la Convención es el de la "necesidad de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional". Ciertamente que la ubicación actual de la buena fe (como principio general interpretativo de la Convención) puede pasar inadvertido para cualquier lector no familiarizado con el proceso de elaboración de este tipo de instrumentos internacionales. Y es que se trata del destierro de la buena fe en una remota provincia como parte de un compromiso únicamente detectable mediante el análisis de los documentos oficiales.[5] Del historial prelegislativo de que fue objeto la buena fe, como fórmula de compromiso que supuso su salida de las disposiciones sobre formación del contrato, se afirma por un sector doctrinal minoritario que el principio de buena fe no puede ser impuesto a las partes como regla de comportamiento durante la formación contractual.[6] Otros, por el contrario, creen que la observancia de la buena fe podría tener una gran importancia pese a su localización en las disposiciones sobre interpretación, en concreto en lo referente a la conducta de las partes.[7]

En la actualidad, y pese a lo conflictivo de la cuestión durante la aprobación de la Convención de Viena (y en los trabajos previos), es claro que el papel de la buena fe no queda confinado a la interpretación de la Convención sino que se está aplicando por los tribunales como estándar de comportamiento exigible a las partes.[8] Manifestaciones concretas de este principio de buena fe en la Convención son los artículos 16.2 b) y 29.2 CNUCCIM, que vienen a recoger el conocido principio de que nadie puede ir contra sus propios actos (venire contra factum proprium).[9]

143. El método de integración de las lagunas

El artículo 7.2 CNUCCIM se ocupa de una de las cuestiones más importantes dentro de la Convención: el método de integración de las lagunas. A estos efectos se establece que:

"Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Convención que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente Convención o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de Derecho internacional privado".

La principal virtud de este artículo consiste en evitar cualquier recurso prematuro al Derecho nacional, a la vez que logra crear un sistema autosuficiente que, como es lógico, no pretende regular todas las cuestiones que en una compraventa puedan suscitarse. Para tener una idea precisa del supuesto que ahora se examina, se ha de partir de la consideración de que la normativa uniforme establece su propio campo de aplicación, dejando fuera expresamente toda una serie de materias que se enumeran en los artículos 2 a 5 CNUCCIM o que a lo largo de su articulado son excluidas: la transmisión de la propiedad (art.30) o las formalidades exigidas para el pago del precio (art.54). En consecuencia, no existirá ningún problema para los supuestos que claramente estén regulados o, por el contrario, excluidos por la Convención a los que, en principio, se aplicará respectivamente el Derecho uniforme y el Derecho nacional que resulte aplicable según las reglas conflictuales. Sin embargo, es más difícil determinar en qué supuestos estamos ante una laguna interna, esto es, ante una materia que se rige por la Convención, pero que no está expresamente resuelta en ella [10].

En cuanto al método que se establece para solucionar las lagunas internas; primero se ha de acudir por vía analógica -en el ámbito de las disposiciones de la Convención- a la solución del supuesto;[11] si falla, se recurrirá a los principios generales en los que se basa la misma [12] [13] o, en su defecto, al Derecho nacional que resulte aplicable.[14] Ciertamente que el recurso a los principios generales de la Convención complica el panorama así descrito, especialmente si se tiene en cuenta que en la Convención no se enumeran dichos principios y, por ende, tampoco se establece su contenido y alcance, lo que puede llevar al peligro de que los jueces y los contratantes deriven diferentes principios de las disposiciones de la Convención.[15] De todas formas, el que las lagunas deban solucionarse acudiendo a los principios generales es lo más adecuado si se piensa que el propósito de la Convención es llegar a convertirse en un derecho de la compraventa de aplicación general y universal. Esto significa que sólo mediante un sistema de interpretación propio y de integración de sus lagunas mediante los principios rectores inmanentes a la Convención, así como mediante la aplicación analógica de sus disposiciones puede conseguirse el ansiado deseo de una aplicación verdaderamente universal. En cualquier caso, no siempre, en defecto de principios generales, será necesario acudir al derecho nacional aplicable, ya que es posible que los jueces y, en particular, los árbitros encuentren vías de escape en la llamada lex mercatoria. O, incluso, considerando que los principios generales en que se basa la Convención encuentran su reflejo en la lex mercatoria -representada ésta o no en los Principios de UNIDROIT-.[16]

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CAPITULO III FOOTNOTES

1. En este sentido, la mayoría de la doctrina, por todos: Michael Joachim BONELL, "L´Interpretazione del Diritto Uniforme alla Luce dell´Art.7 della Convenzione di Vienna Sulla Vendita Internazionale". Rivista di diritto Civile, 1986, pp.221-241; Franco FERRARI, "Uniform interpretation of the 1980 Uniform Sales Law". Georgia Journal of International and Comparative Law, 1994, vol.24, nº2, pp.200 y ss: y Pilar PERALES VISCASILLAS, "Una aproximación al artículo 7 de la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías. (Aplicaciones concretas en la parte II de la Convención)". Cuadernos de Derecho y Comercio, abril 1995, nº16, pp.55-88 (también en PACE).

Los tribunales son cada vez más conscientes de la necesidad de interpretar uniforme y de forma autonóma las normas de la Convención. Así varias sentencias ya invocan en su razonamiento la necesidad de lograr una interpretación uniforme: OLG Frankfurt am Main, 20 abril 1994 (Alemania) (PACE) (UNILEX), confirmada por el Bundesgerichtshof (en adelante BGH), 3 abril 1996 (Alemania) (PACE) (UNILEX).

2. Por otro lado, se pone de relieve que se ha de acudir -a modo de guía- a los criterios interpretativos de cuño internacional que la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados ofrece. Se dice que no es posible que los principios interpretativos de la Convención de 1980 desplacen a los criterios de la Convención de 1969, puesto que se trata de criterios complementarios. En este sentido, Alfonso CALVO CARAVACA, "La Convención de Viena de 1980 sobre venta internacional: algunos problemas de aplicación". En Homenaje al Profesor Evelio Verdera y Tuells. Estudios de Derecho Bancario y Bursátil, vol.I. Madrid: La Ley, 1994, pp.400 y ss. De hecho, algunos comentaristas utilizan al estudiar el artículo 7 algunos de esos criterios como Jorge ADAME GODDARD, "Reglas de Interpretación de la Convención sobre compraventa internacional de mercaderías". Diritto del Commercio Internazionale, 1990, nº4.1, pp.106 y ss; y Ulrich MAGNUS, "Währunsfragen im Einheithlichen Kaufrecht. Zugleich ein Beitrag zu seiner Lückenfullung und Auslegung". Rabels Zeitschrift, 1989, vol.53, nº1, pp.122 y ss. En contra, P. VOLKEN, "The Vienna Convention: Scope, Interpretation and Gap-filling". En P. Volken y P. Sarcevic (coord). International Sale of Goods. New York, London, Rome: Oceana Publications, 1986, p.38. HONNOLD, por su parte, entiende que la Convención de 1969 se aplica únicamente en lo relativo a las disposiciones finales de la Convención sobre compraventa -parte IV-. HONNOLD, §90, pp.140-141, especialmente §103, pp.158-159. Autor al que sigue, también, Franz ENDERLEIN, "Ley Uniforme y su aplicación por jueces y árbitros". Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Curso 1987-1988, p.233. Asimismo Tomás VÁZQUEZ LEPINETTE, La conservación de las mercaderías en la compraventa internacional. Valencia: Tirant lo blanch, 1995, pp.150-151, quien además estima que también son aplicables los criterios de interpretación de la Convención de 1969 a la de Viena del 80, si bien de forma subsidaria; a estos efectos indica que cobran singular importancia los artículos 31.1 y 33.4 CNUCCIM, que regulan respectivamente la interpretación conforme a la buena fe y la interpretación teleológica cuando existen varios textos auténticos.

3. Algo que a la jurisprudencia en ocasiones le está siendo difícil de aceptar. Así por ejemplo los tribunales estadounidenses en la sentencia del U.S. District Court for the Northern District of New York, 9 septiembre 1994 (Estados Unidos): "Delchi Carrier, SpA v. Rotorex Corp." (Estados Unidos) (PACE) (UNILEX) interpretando el artículo 74 (daños y perjuicios) muy en consanancia con el derecho nacional estadounidense.

4. Vid. supra capítulo I, apartado 123.

5. Como reconoce acertadamente Gyula EÖRSI, "A propos the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods". The American Journal of International and Comparative Law, 1983, vol.31, nº2, pp.349 y 354.

6. Muy gráficamente lo expresa Edward Allan FARNSWORTH, "The Convention on the International Sale of Goods from the Perspective of the Common Law Countries". En la Vendita Internazionale: La Convenzione di Vienna dell´11 Aprile 1980. Quaderni di Giurisprudenza Comerciale, 1981, nº39, pp.3 y ss, quien reitera en un trabajo posterior la idea de que no puede extraerse un principio de buena fe de la Convención: FARNSWORTH. "Duties of Good Faith and Fair Dealing under the UNIDROIT Principles, Relevant International Conventions, and National Laws". Tulane J. of Int´l & Comp. Law, 1994, vol.3, p.56. HONNOLD, §94, p.147, por su parte, utiliza la buena fe solamente como un principio para interpretar las disposiciones de la Convención muy a semejanza del artículo 1-203 UCC.

7. BONELL, "L`Interpretazione...", pp.235 y ss; ENDERLEIN y MASKOW, pp.53 y ss; Philippe KAHN, "La Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises". Revue International du Droit Compare, 1981, vol.2, p.961; Gyula EÖRSI, "General Provisions". En Galston, N.M., y SMIT, H. International Sales: The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Parker School of Foreign and Comparative Law. Columbia University. New York: Matthew Bender, 1984, pp.2.6 y ss; FERRARI, "Uniform interpretation...", pp.213 y ss; HERBER, quien indica que a diferencia de la internacionalidad y de la uniformidad que son metas formales, la buena fe es una meta de contenido. HERBER, en Caemmerer, von y Schlechtriem, §15, p.95.

8. Resulta a estos efectos más que alentador el hecho de que los tribunales australianos (país pertenenciente al grupo de los ordenamientos jurídicos del common law) enjuiciando una cláusula de rescisión contractual contenida en un contrato relativo a la construcción de una estación de servicio haya hecho referencia expresa al principio de buena fe contenido en el artículo 7 de la Convención como precedente para el Derecho nacional (Court of Appeal, New South Wales, 12 marzo 1992 (Australia), publicada en 26 New South Wales Law Reports (1992) (PACE) (UNILEX), pp.234-283.

Por su parte, en el ámbito de una compraventa internacional de mercaderías se ha reconocido y sancionado la conducta de una de las partes por se contraria al principio de buena fe reconocido en el artículo 7.1 CNUCCIM. Se trata de la sentencia de la Cour d´Appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 22 febrero 1995 (Francia) (PACE) (UNILEX), que enjucia un contrato de compraventa de ropa a realizar en cuatro entregas entre un vendedor francés y un comprador americano. Éste, a petición del vendedor, le había indicado que revendería las mercancías a uno de sus distribuidores en Sudamérica, pero tras las primera entrega de las mercancías se negó a suministrar la necesaria prueba documental acerca del destino de las mercancías que le había sido insistentemente solicitada por el vendedor. El vendedor, tras conocer que el destino final no era Sudamérica sino un distribuidor situado en España, rechazó aceptar las sucesivas entregas. Así las cosas, el comprador demandó al vendedor por incumplimiento del contrato. El tribunal indicó que el conocimiento por el vendedor del destino final de los bienes era de suma importancia para él, como se demostró de las insistentes declaraciones del vendedor a lo largo de las negociaciones, y que, por tanto, el comprador podía conocer la efectiva voluntad del vendedor, por lo que la declaración de éste ha de ser interpretada conforme a su voluntad (artículo 8.1 CNUCCIM). Además, ha estimado que la conducta del comprador es claramente contraria al principio de buena fe en el comercio internacional (art.7 CNUCCIM); conducta que además se agrava por la circunstancia de que es el comprador quien ejercita la acción legal contra el vendedor, por lo que estima que se trata de un "abus de procédure".