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© Mª del Pilar Perales Viscasillas, 2001. This text may not be reproduced without the permission of the author.

extracto de

El CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL
DE MERCANCIAS (Convención de Viena de 1980)

Mª del Pilar Perales Viscasillas
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad Carlos III de Madrid

[...]

CAPITULO VI. DERECHOS Y ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (I)

[...]

171. Cumplimiento específico

El derecho de solicitar que la parte que ha incumplido con sus obligaciones contractuales cumpla las mismas es la acción que aparece situada en primer lugar, lo que parece indicar que el cumplimiento específico es la acción privilegiada dentro del grupo de acciones que disponen compradores y vendedores. Nada parece satisfacer más al comprador y al vendedor, que ven defraudadas sus expectativas contractuales, que recibir aquello a lo que tienen derecho bajo el contrato. Ello aparece confirmado al leer el primer párrafo del artículo 46 CNUCCIM -el comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones- [3] y el artículo 62 CNUCCIM -el vendedor podrá exigir al comprador que pague el precio, que reciba las mercaderías o que cumpla las demás obligaciones que le incumban-. El derecho, pues, de solicitar el cumplimiento consiste en que el comprador puede exigir la entrega de las mercancías, la entrega de mercancías sustitutivas o la reparación de las mercancías defectuosas; el vendedor puede exigir el pago del precio, la recepción de las mercancías o el cumplimiento de otras obligaciones.[4] No obstante esta apariencia de que el cumplimiento específico es una acción privilegiada aparece pronto desvirtuada por importantes límites que sitúan al cumplimiento específico en una situación un tanto desventajosa [5] en relación con otras acciones por incumplimiento. Dichos límites son:

a) El comprador y el vendedor no pueden solicitar el cumplimiento del contrato si ya han ejercitado algún otro derecho o acción incompatible con esta exigencia (art.46.1 y 62.1), por ejemplo la resolución del contrato o la reducción del precio, pero no si se trata de la solicitud de los daños y perjuicios.[6]

b) El comprador sólo puede solicitar la entrega de mercancías en sustitución de las que se entregaron cuando la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial (lo cual no es siempre fácil de determinar). Dicha solicitud ha de comunicarse al vendedor bien con la notificación en la que se informe de la falta de conformidad de las mercancías, bien dentro de un plazo razonable a partir de ese momento (art.46.2). Este derecho puede perderlo el comprador si le es imposible restituir las mercancías en un estado sustancialmente idéntico a aquél en que las hubiera recibido (artículo 82.1), a menos que se dé alguna de las excepciones que el mismo precepto enumera. Las mismas limitaciones temporales ya vistas en el apartado anterior existen en relación con la petición de reparación al vendedor, a lo que se suma que la petición de reparación ha de ser considerada razonable (art.46.3). Que pueda considerarse como razonable parece que habrá de examinarse en cada caso concreto; muy probablemente podrá considerarse razonable el que la reparación de los defectos pueda realizarse sin dificultad por el comprador. Ninguna limitación de este tipo se presenta en relación con el vendedor. Es importante destacar que cuando existe un incumplimiento esencial relativo a la falta de conformidad de las mercancías el comprador podrá exigir bien la entrega de mercancías sustitutivas, bien la reparación, a menos que esto último no sea razonable atendiendo a todas las circunstancias.

c) Si el comprador y el vendedor cumplen con las limitaciones establecidas en la Convención pueden solicitar el cumplimiento específico de su contraparte. Un problema adicional se presenta cuando la parte que ha de cumplir se niega a ello, por ejemplo, rechaza reparar o enviar mercancías sustitutivas, recibir las mercancías o pagar el precio. En estos casos, si se desea conseguir el cumplimiento específico no quedará más remedio que acudir a los tribunales para que ordenen dicho cumplimiento. Y es aquí donde se presenta una de las más importantes limitaciones para compradores y vendedores que deseen ver satisfecha su pretensión mediante el cumplimiento de su contraparte,[7] ya que el artículo 28 CNUCCIM, disposición que está dirigida directamente al órgano juzgador, indica que el tribunal no estará obligado a ordenar dicho cumplimiento, a menos que lo hiciere, en virtud de su propio derecho, respecto de contratos de compraventa similares no regidos por la Convención.[8]

Esta limitación derivada del derecho nacional no uniforme responde a las profundas diferencias que existen entre los sistemas del civil law y el common law en cuanto al cumplimiento específico. Mientras que en los primeros, la acción por incumplimiento es la preferida, siendo, por tanto, la regla general, en los segundos es la excepción, de forma tal que sólo se concede en muy limitadas circunstancias (por ejemplo cuando las mercancías son únicas).[9] A ello se une además el hecho de que las reglas procesales de determinados sistemas jurídicos, que no reconocen, o cuando así lo hacen es de forma muy limitada, el cumplimiento específico, no disponen de reglas o mecanismos procedimentales adecuados para ordenar dicho cumplimiento. Es principalmente por esas dos razones por lo que el cumplimiento específico aparece limitado por la regla del artículo 28 CNUCCIM. En cuanto al significado de esta disposición, ésta obliga al tribunal a que ordene el cumplimiento específico cuando así lo haría en circunstancias similares aplicando su propio derecho interno distinto de la Convención -esto es, la ley del foro,[10] por ejemplo el Código de Comercio o el UCC si el tribunal está en España en el primer caso o en Estados Unidos, en el segundo-, si, por contra, examinando su propio derecho no lo ordenaría, entonces el artículo 28 CNUCCIM le faculta (no es obligatorio) a que ordene dicho cumplimiento.[11] En cuanto a la forma en que el tribunal podrá ordenar que una parte cumpla, ésta es una cuestión que se ha de decidir por las normas procesales del tribunal que ordena el cumplimiento específico.[12]

d) ¿Subsidiariedad del cumplimiento específico en relación con otras acciones?. Otro de los límites posibles que parte de la doctrina y que algunos tribunales parecen sugerir, si bien en relación con otras acciones, es la posible aplicación de un principio general que se derivaría del artículo 77 CNUCCIM por el cual la parte perjudicada estaría obligada a mitigar los daños mediante la elección de la acción por incumplimiento que sea menos gravosa para su contraparte. De forma que no se podría acudir al cumplimiento específico cuando se pueden encontrar mercancías de reemplazo fácilmente o cuando el vendedor puede vender también fácilmente las mercancías.[13] No obstante esta interpretación nada indica que se pueda llegar a esa conclusión examinando las normas de la Convención. Con todo ha de indicarse que esta limitación -que bajo la Convención se deriva como un principio general- aparecía claramente enunciada en la LUVI (artículos 25 y 61.2). Normas que no sobrevivieron, no estando, sin embargo, del todo clara la razón de su supresión.[14]

En definitiva son numerosas las desventajas de acudir al cumplimiento específico como acción para demandar el incumplimiento de una de las partes, especialmente si hablamos del pago del precio, en cuyo caso mejor que demandar el cumplimiento específico, se pueden demandar los daños y perjuicios. En éstos se comprenderán la cantidad total adeudada. No obstante el cumplimiento específico -y en general el resto de las acciones-presenta una ventaja sobre la indemnización de los daños y perjuicios; se trata de que aquél no queda constreñido en su aplicación por el artículo 79 relativo a la exoneración, mientras que los daños y perjuicios sí. Fuera de estas circunstancias y cuando se trate de mercancías únicas o de mercancías cuyo reemplazo resulte sumamente dificultoso (en cuyo caso el único inconveniente de solicitar el cumplimiento específico es que se ha de acudir a una acción judicial, pero no muy probablemente de las limitaciones derivadas del artículo 28 CNUCCIM, ya que hasta los ordenamientos que contemplan el cumplimiento específico como un remedio excepcional, lo reconocen en los casos de mercancías únicas), es conveniente acudir a otras acciones.

[...]


CAPITULO VI FOOTNOTES

[...]

3. Precisamente de este tenor deduce WILL, en Bianca y Bonell, §3.1, p.339, que puede solicitarse el cumplimiento específico aun cuando se trate de defectos en la propiedad de las mercancías.

4. Con dudas respecto a la aplicación del cumplimiento específico a los párrafos 2 y 3 del art.46 CNUCCIM: BERNSTEIN y LOOKOFSKY, p.85. Por su parte, FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA y CALVO CARAVACA, El contrato de compraventa, §185, p.282, indican que el cumplimiento específico es también posible respecto de las hipótesis como la entrega en un lugar distinto del pactado contractualmente o a la falta de entrega de las mercancías.

5. Pero sin que lleguemos a entender que es una sanción, como al efecto opina SCHLECHTRIEM, Uniform Sales Law, p.75, nota 287.

6. La incompatibilidad de las acciones ha de referirse a aquellas en las que queda clara la intención del vendedor o comprador de resolver el contrato (por ejemplo, "resuelvo el contrato, no envíe las mercancías"), pero no en aquellos casos en que la intención es clara, pese al uso inapropiado del lenguaje (por ejemplo, "Resuelvo el contrato por las siguientes razones [...]. Envíe rápidamente mercancías conformes con el contrato". En este caso, el mal uso de la palabra "resolución" no debe impedir al comprador solicitar mercancías sustitutivas (HONNOLD, §282.1 y 283, pp.362-363).

7. Indica HONNOLD, §191, p.267, que: "the scope of the remedy "requiring" (specific) performance was one of the most stubborn issues encountered in the preparation of the uniform rules".

8. Los casos que conocemos en los cuales se ha exigido el cumplimiento específico: ICC 7197/1992 (PACE) (UNILEX) (requiriendo el vendedor la apertura del credito documentario y la recepción de las mercancías) han concedido el cumplimiento específico más la indemnización por los daños y perjuicios; COMPROMEX, Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México, 4 mayo 1993 (PACE) (UNILEX), también exigiendo al comprador el pago del precio.

9. Con todo las diferencias se han puesto en duda, y en verdad se aminoran: véase el excelente estudio de Amy H. KASTELY, "The Right to Require Performance in International Sales: Towards an International Interpretation of the Vienna Convention". Washington Law Review, 1988, vol.63, nº3, pp.633 y ss. Vid. asimismo restando importancia a las diferencias: HONNOLD, §192, pp.268-269, y §§197 y ss, pp.274 y ss, exponiendo brevemente las diferencias entre el civil law y el common law en este punto; LANDO, en Bianca y Bonell, §§1 y ss, pp.232 y ss, y particularmente §1.3.5, pp.236-237; y ENDERLEIN y MASKOW, p.177.

10. Algo en lo que está de acuerdo la casi totalidad de la doctrina: por todos: KASTELY, p.637, ENDERLEIN y MASKOW, p.122; y HONNOLD, §195, p.273, resaltando que a esa conclusión lleva el antecedente del art.28 CNUCCIM en la LUVI.

11. Vid. llegando a la misma conclusión KASTELY, p.639; HONNOLD, §195, p.273; GARRO y ZUPPI, pp.143-144; LANDO, en Bianca y Bonell, §2.1, p.237. Una cuestión interesante que se plantea el último autor (§3.1, p.239) es la posible derogación del art.28 CNUCCIM por las partes; la cuestión es interesante porque el art.28 está dirigido a los tribunales y no a las partes. No obstante, como bien resalta el autor, otras disposiciones están dirigidas a los tribunales -arts.45.3 y 61.3-y pueden ser derogadas por ellas.

12. LANDO, en Bianca y Bonell, §2.8, p.238; ENDERLEIN y MASKOW, p.122.

13. Vid. favoreciendo una interpretación así: FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA y CALVO CARAVACA, El contrato de compraventa, §186, p.285 ("el comprador perdería su facultad de exigir la entrega de mercancías de sustitución si ello resulta considerablemente más oneroso que la oferta de adecuación o conformidad realizada por el comprador", indican a continuación que se trata de una regla de equidad cuyo fundamente radica en la norma prevista en el art.77). ENDERLEIN y MASKOW, p.122; HONNOLD, §193, p.270, y §285, pp.364-365, quien a continuación resalta otro posible límite: el principio de buena fe del art.7.1 CNUCCIM, en aquellos casos en que una parte pide el cumplimiento específico tras un cambio en el mercado que le permite especular a costa de su contraparte.

14. Vid. explicando la historia legislativa en este punto y llegando a esa conclusión: KASTELY, pp.621 y ss.

[...]

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Pace Law School Institute of International Commercial Law - Last updated December 27, 2001
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