Mª del Pilar Perales Viscasillas

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extracto de

El CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL
DE MERCANCIAS (Convención de Viena de 1980)

Mª del Pilar Perales Viscasillas
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad Carlos III de Madrid

[...]

El artículo 78 CNUCCIM establece el derecho que asiste tanto al vendedor como al comprador de percibir intereses en el caso de que su contraparte no pague el precio o cualquier otra suma adeudada. Esta disposición bastante simple en su enunciado ha dado lugar a una de las cuestiones más discutidas entre la doctrina y la jurisprudencia que aplica la Convención de Viena. El artículo 78 es claro en cuanto que expresamente concede el derecho al cobro de los intereses -«si una parte no paga el precio o cualquier otra suma adeudada, la otra parte tendrá derecho a percibir los intereses correspondientes»,[20] así como que los intereses no se computan dentro de la acción de indemnización de los daños y perjuicios -«sin perjuicio de toda acción de indemnización de los daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74». Referencias que son necesarias a la luz de algunos ordenamientos -como el español- que exigen para la reclamación de los intereses que el deudor interpele al acreedor,[21] así como que incluyen a los intereses dentro de la indemnización por los daños y perjucios.[22] Por otra parte existen determinados ordenamientos que consideran el derecho al cobro de los intereses como una cuestión de válidez, en el sentido que los prohíben.[23] Además del artículo 78, el artículo 84 CNUCCIM indica que el vendedor ha de restituir los intereses, cuando está obligado a restituir el precio, a partir de la fecha en que se haya efectuado el pago, lo que da pié a que se pueda deducir de esta posición el dies a quo del cómputo de los intereses. La claridad termina ahí, ya que es sumamente controvertida la determinación del tipo de interés, así como la fijación del momento inicial y final del mismo.

Las partes, además, no suelen pactar contractualmente el tipo de interés que se aplicará, como lo demuestra el hecho de que la mayor parte de los casos juzgados se pronuncian acerca de esta cuestión.[24] Así pues, a falta de estipulación contractual es necesario averiguar ante el silencio del artículo 78 si la Convención prevé o no alguna solución. Advertimos que ésta es una cuestión en la que la falta de uniformidad de soluciones es patente; prácticamente todas las soluciones posibles encuentran acogida entre la doctrina y la jurisprudencia. No obstante, ha de reconocerse que la postura mayoritaria es la que reenvía la cuestión al derecho nacional no uniforme para su enjuiciamiento. Y aquí no podemos sino criticar esta solución, no sólo porque, en aras del principio de uniformidad aplicativa, la respuesta ha de buscarse dentro de los lindes que la Convención marca, sino porque además la jurisprudencia demuestra aquí la influencia que el peso de una determinada tradición jurídica y de los autores patrios ejerce sobre los jueces. Baste para ello un repaso a la jurisprudencia por países:[25]:

a) Alemania: este país, que absorbe más de la mitad de los casos relativos al pago de intereses en la Convención (37 sentencias examinadas), no acoge en ninguna de ellas la posible aplicación de principios generales para determinar el tipo de interés. La postura, por tanto, es la de enviar esta cuestión al derecho nacional. Cronológicamente se observa como la postura inicialmente seguida es la de aplicar el tipo de interés que resulte conforme a la ley del establecimiento del acreedor, generalmente el vendedor (10 sentencias) [26] (de estas, 5 citan doctrina, principalmente a Asam), estando en la actualidad plenamente consolidada la doctrina que entiende que el tipo de interés es el que resulte aplicable conforme a las reglas del derecho internacional privado (22 sentencias) [27] (de estas 22, la mitad, 11, citan doctrina alemana, principalmente a Eberstein en el comentario de los profesores von Caemmerer y Schlechtriem). Sin fundamentación jurídica ni doctrinal conceden intereses (4 sentencias).[28] Por último, una de ellas, aplicando el art.84 CNUCCIM, el tipo de interés vendrá determinado por el lugar donde radique el establecimiento del vendedor (con cita doctrinal).[29] Nótese que el apoyo en autores alemanes [30] suele ser mayor cuanto más alta es la jerarquía del tribunal que enjuicia el asunto.

b) Suiza (8 sentencias): la solución aquí es entender que el tipo de interés no se gobierna por la Convención; la postura mayoritaria coincide con la alemana, esto es, la de entender que se aplica el derecho nacional que resulte aplicable conforme a las reglas del derecho internacional privado (7 sentencias);[31]; como excepción (1) [32] se ha indicado la ley nacional del país del acreedor. De estas ocho sentencias, cinco citan doctrina (4 autores alemanes y un autor francés), mientras que las tres restantes no lo hacen.

c) Países Bajos (4 sentencias): al igual que en los casos anteriores, no se aplican principios generales sino el derecho nacional: el derecho nacional sin más especificaciones (1 sentencia),[33] el que resulte aplicable conforme a las reglas del derecho internacional privado (2 sentencias),[34] y la ley del país en que el precio se ha de pagar.[35] No se cita doctrina.

d) Argentina (3 sentencias examinadas): los tribunales tienden a considerar el pago de intereses como usos de comercio internacional, de tal forma que conceden el pago de intereses al considerarse como un uso del comercio internacional [36] y acordemente fijan el tipo de interes de acuerdo con usos aceptados en el comercio internacional (prime rate).[37] Ello es así porque se entiende que la Convención en su artículo 9.2 asigna a los usos una jerarquía superior a las mismas normas de la Convención. Sin dudar de esta afirmación, el art.9.2 es también muy claro al establecer que los usos internacionales no prevalecen sobre la voluntad de las partes («salvo pacto en contrario...»), por ello no entendemos como, cuando las partes han pactado un tipo de interés del 9%, el tribunal aplica el 12% al considerarlo como un uso de comercio, máxime cuando en la misma sentencia tratando otra transacción aplica el tipo de intereses pactado por las partes (24%);[38]; puede que la razón estribe en que se puede pactar tipos mayores, pero no menores. No se cita doctrina.

e) Francia (3 sentencias): los tribunales sigue también una línea de actuación clara, pero contraria a la de los tribunales argentinos, tan es así que se anuló el tipo de interés LIBOR aplicado en un laudo arbitral, ya que en éste no respetó el principio de contradicción y porque los usos de comercio internacional no regulan el tipo de interés. En los tres casos examinados, la solución es la misma entender que el art.78 reconoce el derecho al cobro de intereses, pero sin que se pronuncie sobre el tipo de interés aplicable, por lo que aplican el derecho nacional para determinarlo (no sabemos sobre qué base aplican éste, si bien en dos casos el vendedor es francés y la moneda de pago son francos franceses [39] y en uno el derecho nacional aplicable es el francés, siendo la moneda de pago dólares).[40] No se cita doctrina.

f) Estados Unidos: (1 sentencia), donde se ha indicado que el artículo 78 guarda silencio acerca del tipo de interés y sin más planteamiento ha aplicado el tipo de interés para los pagarés del tesoro.[41] No se cita doctrina.

g) China: (1 sentencia), simplemente se indica que es procedente el pago de intereses conforme al artículo 78 CNUCCIM.[42]

h) Hungría: (1 sentencia), se ha aplicado la ley correspondiente al país del vendedor.[43]

Caso especial son los laudos arbitrales (13 en total), en los que existen varias posturas: desde los que reenvían la cuestión al derecho nacional (8 laudos): a) el derecho nacional que resulte aplicable (4 laudos),[44] o b) el que se liga a la concreta moneda en que se ha de pagar (4 laudos);[45]; los que aplican principios generales (4 laudos);[46]; por último, se ha señalado que se aplica el tipo correspondiente al préstamo bancario solicitado por el acreedor (comprador) (1 laudo).[47] De estos 13 laudos, siete citan doctrina, textos internacionales, Principios de UNIDROIT, o incluso las Actas Oficiales de la Conferencia Diplomática, en la que se aprobó la Convención.

Si examinamos las decisiones no por países sino en base a su fundamentación tendremos un visión no uniforme de las soluciones que se pueden mantener en relación con el tipo de interés:

1) Se puede entender que el tipo de interés se gobierna por la Convención sobre la base de los principios generales en que se basa la misma (art.7.2). Ahora bien, ¿cuáles son esos principios generales?:

a) los principios generales en que se basa la Convención son aquellos que pueden deducirse de singulares disposiciones:

- el principio general de plena indemnización (full compensation) que se extra de los artículos 74 y 78: laudos del Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft-Wien, 15 junio 1994 (SCH-4366) y (SCH-4318) (Austria), señalando incidentalmente que el mismo resultado se conseguiría por la aplicación del artículo 7.4.9 de los Principios de UNIDROIT.[48]

- el principio de que el pago de cualquier suma adeudada ha de realizarse en la esfera del control del acreedor -siendo por tanto la ley de este país la que fijará el tipo de interés-que se deriva del artículo 57.1 a) (el pago ha de hacerse, como regla general, en el establecimiento del vendedor).[49]

b) los principios generales en que se basa la Convención están representados en el caso que nos ocupa por el artículo 7.4.9 de los Principios de UNIDROIT,[50] así como por el artículo 4507 de los Principios del Derecho Contractual Europeo.

2) entender que el tipo de interés no se gobierna por la Convención y que, en consecuencia, la cuestión ha de regularse por el derecho nacional no uniforme, pero ¿cuál?:

a) el del lugar donde radique el establecimiento del acreedor.[51]

b) el del lugar donde radique el establecimiento del deudor

c) el del derecho nacional que resulte aplicable por virtud de las normas del Derecho Internacional Privado, sin que generalmente se especifique qué tipo de interés se aplicará[52] Excepcionalmente se ha señalado que será el tipo medio bancario del establecimiento del vendedor.[53]

d) incluso es posible la reentrada de las normas de la Convención. Se ha indicado [54] que el tipo de interés será determinado por el Derecho nacional que designe la norma del conflicto de leyes, lo que en el caso enjuiciado significa la aplicación del derecho checo, es decir, el del lugar de pago. El tribunal continua su argumentación indicando que el lugar de pago no está previsto por la Convención (art.7.2 CNUCCIM), pero que puede encontrarse una respuesta en ella. A estos efectos el tribunal señala que resulta aplicable el artículo 57.1 b) CNUCCIM. Por ello el lugar donde debe entregarse la mercancía es el que determinará el lugar de pago. Por último, indica que en la audiencia dada a las partes, la parte demandante alegó que el pago debía efectuarse contra la entrega de las mercancías en Praga.

e) El tipo de interés es el determinado por la moneda en que se ha de pagar el precio del contrato de compraventa.[55]

f) Aplicación de tipos de intereses distintos:

a) El LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate).[56]

b) El tipo de interés en vigor para los pagarés del tesoro de los Estados Unidos.[57]

c) El Prime rate.[58]

g) Incluso llega a indicarse que no es necesario determinar cuál sea el derecho nacional aplicable cuando el tipo de interés es idéntico tanto en el país del comprador como del vendedor.[59]

Por último, se ha señalado que la Convención imputa el riesgo por la devaluación de la moneda al vendedor cuando el pago de intereses es debido.[60]

Asimismo otra de las cuestiones que no recibe respuesta es la relativa al inicio del dies a quo de devengo de los intereses. Varias son las soluciones aplicables:

a) Se ha estimado que el derecho al cobro de los intereses comienza a computarse, cuando las mercancías fueron devueltas al vendedor para su reparación, desde que las mercancías ya reparadas se pusieron de nuevo a disposición del comprador.[61]

b) El derecho a la obtención de los intereses debidos se computa desde la fecha en que la parte demandante comunica a la demandada el monto total de los daños.[62]

c) El plazo del cómputo comienza desde que las mercaderías no conformes han podido ser revendidas por el demandante a sus clientes.[63]

d) A falta de una indicación por la Convención acerca de este punto, se indica que el tipo de interés ha de comenzar a computarse a la luz del artículo 9 CNUCCIM, es decir, de acuerdo con los usos generalmente reconocidos y regularmente observados en el comercio internacional.[64]

e) Comienza cuando ha finalizado el plazo suplementario fijado para el cumplimiento.[65]

f) El derecho a los intereses comienza a computarse desde el momento de la resolución del contrato.[66]

g) Comienza desde la fecha de vencimiento de la letra de cambio instrumentada para el pago del contrato de compraventa.[67]

h) Una solución muy aceptable es la que han acogido los Principios de UNIDROIT, cuyo artículo 7.4.9 (1) señala que el derecho al cobro de los intereses se computa desde el vencimiento de la obligación hasta el momento del pago,[68] sea o no excusable la falta de pago. Esta es la solución acogida por el laudo de la ICC 7585/92, donde el vendedor italiano se comprometía a instalar y a probar una cadena de montaje en el establecimiento del comprador finlandés. Ante el impago del precio por el comprador, los árbitros señalan que el vendedor tiene derecho al pago de los intereses por la suma adeudada desde la fecha en que el comprador está obligado al pago (es decir, desde la fecha de la instalación y la prueba de la maquinaria).[69]

Sin necesidad de acudir a los Principios de UNIDROIT, esa es la solución que entendemos aplicable por virtud de una aplicación de un Principio General que se deriva del artículo 84.1 CNUCCIM. Este indica que si el vendedor está obligado a restituir el precio deberá abonar también los intereses correspondientes a partir de la fecha en que se haya efectuado el pago. Se puede deducir que el derecho a la obtención de los intereses comienza a partir de la fecha en que la obligación es debida.

Otro problema que afecta a la determinación de los intereses en el ámbito de la Convención de Viena de 1980 es el relativo a la relación entre los artículos 74 y 78 CNUCCIM. El artículo 74 CNUCCIM determina el derecho que tienen tanto el vendedor como el comprador de solicitar una indemnización por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del contrato por su contraparte. El artículo 78 CNUCCIM es claro al indicar que el pago de los intereses no interfiere con la acción de indemnización de daños y perjucios en la Convención. Ello quiere decir que se ha de realizar una distinción entre los intereses y los daños,[70] por lo que la obligación de pagar intereses no está sujeta al límite de previsibilidad recogido en el artículo 74 CNUCCIM, ni a las reglas de exoneración de responsabilidad de los artículos 79 y 89 CNUCCIM.[71]

Un último problema que afecta a la interpretación del artículo 78 CNUCCIM es el relativo a la expresión «suma». Esta parece hacer referencia a que la cantidad es líquida, esto es, que ya ha sido previamente cuantificada.[72]

[...]

CAPITULO VII FOOTNOTES

[...]

20. Con manifiesto despiste por su parte se pronuncia la sentencia del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nº7. Secretaría nº14, 20 mayo 1991, (Argentina) (PACE) (UNILEX) al señalar que la vendedora tiene derecho a percibir intereses sobre el precio porque ello se acordó expresamente y pese al hecho de que la Convención no contiene una norma expresa que indique la procedencia del pago de intereses.

21. Artículos 1109 CC español, 1153 CC francés, y 1224 CC italiano. Vid. por contra, art.341 CCo español.

Cour d´appel de Grenoble, 29 marzo 1995 (Francia) (PACE) (UNILEX) «Attendu, sur les intérets, que l´article 78 de la convention de VIENNE prévoit que les intérets moratoires sont dus, quand le débiteur est en retard; Qu´à la différence du droit français, une mise en demeure n´est pas nécessaire». Y en igual sentido Cour d´Appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 26 abril 1995 (Francia) (PACE) (UNILEX).

22. Artículo 1108 CC español.

23. Así en Irán, donde tanto la Constitución de 1979, como otras Leyes posteriores los prohíben (S.H. AMIN, Country Handbook on Iran. International Contract Manual. Country Handbooks (Albert H. Kritzer, ed.). Deventer, Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1991 (Suppl.2-January 1992, Iran, p.23). En este sentido, parece que para Irán la ratificación de la Convención sería un obstáculo, a menos que no ratifique la parte III de la Convención (algo que es posible por virtud de la reserva del art.92 CNUCCIM). En Iraq, los artículos 171 a 174 del CC iraquí de 1951 establece el derecho al cobro de intereses, fijando el límite en un 4% para asuntos civiles y en un 5% para los mercantiles, sin que el tipo acordado entre las partes pueda ser superior al 7% en ningún caso. (S.H. AMIN, Country Handbook on Iraq. International Contract Manual. Country Handbooks (Albert H. Kritzer, ed.). Deventer, Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1991 (Suppl.2-December 1992, Iraq, at 14-15), quien resalta que Egipto sigue la misma regla.

Vid. laudos arbitrales del Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft-Wien, 15 junio 1994, (SCH-4366) y (SCH-4318) (Austria) (UNILEX y PACE, ambos con traducción al inglés), indicando que el tipo de interés ha de buscarse en la Convención, no sólo para satisfacer el principio de uniformidad sino también para evitar resultados incompatibles con la Convención, al menos en aquellos casos en que el derecho nacional expresamente prohíbe el pago de intereses.

SCHLECHTRIEM, Uniform Sales Law, p.100, nota 414, sugiere que cuando el derecho nacional prohíbe intereses, el artículo 78 no entra en juego.

24. Excepcionalmente en el caso resuelto por el Tribunal Civil de Basel-Stadt, 21 diciembre 1992 (Suiza) (PACE) (UNILEX) se aplicó el tipo de interés que las partes habían pactado en las condiciones generales que se remitieron no como aceptación contractual sino como carta de confirmación que modifica el contrato previamente celebrado.

25. La estadística se ha realizado consultando las bases de datos de PACE y UNILEX.